Con el voto en contra de legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la iniciativa -que propuso el PRI- fue turnada al Senado.
La modificación al artículo Quinto transitorio de la reforma a la Constitución con la que se creó la Guardia Nacional, el 26 de marzo de 2019, fue avalada por los diputados con 335 votos a favor, 152 en contra, y una abstención.
Con esto se pretende que, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá “disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” hasta el año 2028.
Los cambios al numeral quinto transitorio mencionado incluyeron también la obligación de las Fuerzas Armadas para que actúen con un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Asimismo, se formará una comisión bicameral para dar seguimiento a esta reforma, en tanto que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe en cada periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el que dé cuenta de la capacitación de los cuerpos civiles de estados y municipios.
Esta reforma ahora pasará al Senado, aunque no es seguro que en esa soberanía se apruebe, pues los senadores del PRI ya anunciaron que no estaban de acuerdo con la propuesta hecha por sus pares en la Cámara baja.
Al tratarse de cambios a la Constitución, se requiere una mayoría calificada de los legisladores presentes en el Senado, instancia en la que Morena -desde 2018- no cuenta con los votos suficientes para reformar la carta magna.
En la Cámara alta Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES), suman 75 senadores, mientras que hay 53 legisladores de la oposición e independientes.
Narco o Ejército
En su exposición de motivos para proponer que el Ejército y la Marina permanezcan en las calles, realizando tareas de seguridad pública que formalmente deberían corresponder en exclusiva a los civiles, la diputada del PRI Yolanda de la Torre Valdez, autora de la iniciativa, argumentó que la Guardia Nacional, a tres años de su creación, aún no está consolidada.
Además, “México enfrenta una grave crisis de seguridad”, en tanto que la paz en nuestro país se ha deteriorado por la violencia de diversos grupos delictivos.
“De la gran inseguridad que genera esta violencia, toda la sociedad es víctima, y la omisión en su combate resultaría en una violación a los derechos humanos”, consideró la legisladora priista.
De su lado, el coordinador de los diputados de PRI, Rubén Moreira, arremetió en contra de quienes se oponen a la militarización de la seguridad pública. “Lo que afecta a México es dejarlo sin Ejército, es con el narco o con el Ejército, esa es nuestra frase”, sentenció.
Moreira agregó que los estados “están incendiados”, y en varias entidades del país “no se puede transitar por las calles”, por lo que no es adecuado pretender retirar al Ejército a los cuarteles.
Por su parte, la bancada de Morena, en voz de la diputada Andrea Chávez Treviño, defendió que los elementos castrenses realicen tareas de seguridad pública, debido a que “nos urge construir una nueva historia de paz y derechos humanos” en México.
A su vez, al respaldar a los priistas, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt, del Partido Verde Ecologista, dijo que las circunstancias de inseguridad que actualmente vive el país “hacen necesario prorrogar la participación provisional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, mientras se consolida la Guardia Nacional.
Con esa misma postura, el diputado del PT, Pedro Vázquez González, enfatizó que “es falso que se militarice la seguridad pública civil a través de cuerpos castrenses”, ya que el objetivo de la reforma “es incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública hasta el 2028, con enfoque de derechos humanos”.
Discusiones prosaicas
La oposición en la Cámara de Diputados, con excepción del PRI, defendió el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública. Aunque en términos generales los argumentos de los legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fueron adecuadamente expresados y defendidos, en la sesión se destacó la intervención del panista Santiago Torreblanca.
Este diputado dijo en tribuna que debe respetarse “la interpretación armónica de la Constitución, esa Constitución con la cual ustedes se limpian el culo”, frase que generó la molestia de los legisladores de Morena y del PT.
Reconociendo que el senador Torreblanca tiene libertad para manifestar su oposición a la reforma, Gerardo Fernández Noroña exigió que “la majadería” fuera retirada, porque lo dicho por el panista fue una falta de respeto “inaceptable”.
Santiago Torreblanca aceptó retirar la frase ofensiva a fin de que esta no fuera incluida en el diario de los debates de la Cámara baja.
Traición a ciudadanos
Siguiendo con las posturas de la oposición, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Julieta Mejía Ibáñez, enfatizó que “a la militarización pueden fijarle el plazo que quieran, pero mientras no se fortalezca a las policías” no se solucionarán los problemas de inseguridad pública del país.
En su opinión, esta reforma “es un vil engaño”, ya que contraviene diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese mismo sentido se pronunció el también legislador emecista Jorge Álvarez Máynez, quien calificó la iniciativa como “una traición para la ciudadanía”, ya que hoy existen más personas detenidas en las cárceles, y al mismo tiempo, a pesar de que el Ejército realiza tareas de seguridad pública, “hay más delincuentes en las calles”.
Esta reforma fue aprobada en el Cámara baja a pesar de que los artículos 21 y 129 de la Constitución establecen claramente que la seguridad pública debe ser atendida por corporaciones civiles, y que en tiempos de paz el Ejército no puede participar en esta área.
