Una calle de la céntrica colonia Doctores de la Ciudad de México llevará el nombre de la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido, quien fue privada de la vida el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma de la capital, en circunstancias que no fueron debidamente aclaradas en la investigación, lo que ameritó una sentencia en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Este miércoles, el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta capitalina un acuerdo de la Comisión de Nomenclatura de la metrópoli, en el que se determina el cambio de nombre de la calle General Gabriel Hernández, en el tramo comprendido entre calle Dr. Lavista y Av. Dr. Rio de la Loza, por Calle Digna Ochoa y Plácido, en la Colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc.
El documento con la modificación del nombre para que esa vía ahora recuerde a la abogada no refiere los motivos de ese cambio, pero esto forma parte del cumplimiento de la sentencia en la que se condenó al Estado mexicano, en la que la Corte IDH ordenó -entre otras medidas- que una calle en Misantla, en el estado de Veracruz, y otra en la Ciudad de México, llevaran el nombre de Digna Ochoa.
De acuerdo con el seguimiento de la sentencia que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun no existe ningún registro del cumplimiento de la condena. De hecho, en la sección específica de la página de internet de la Corte IDH, consultado por ALTO NIVEL, el caso aparece con la denominación “pendiente de cumplimiento”.
“Suicidio con dos impactos de bala”
El pasado 20 de enero, el máximo tribunal interamericano en materia de derechos humanos consideró a México responsable internacionalmente por la violación de los derechos fundamentales de Digna Ochoa y Plácido, debido a que las autoridades del entonces Distrito Federal incurrieron en graves falencias al investigar el homicidio de la letrada.
Digna Ochoa y Plácido murió violentamente en octubre de 2001. Su cuerpo presentó dos impactos de bala de calibre .22, por lo que los primeros dictámenes periciales consideraron que se trataba de un homicidio. Sin embargo, más tarde la otrora Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, a cargo de Bernardo Bátiz, cerró las indagatorias argumentando que la abogada se había suicidado.
Los familiares de Ochoa, quien defendía a presos injustamente encarcelados en el estado de Guerrero, manifestaron su desacuerdo con esta última versión y pidieron que el caso fuera reabierto, además de que denunciaron las irregularidades en la investigación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta instancia recomendó en 2019 la reanudación de las indagatorias, por lo que denunció formalmente a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente en enero de 2022 determinó la condena en contra del Estado mexicano.
La sentencia de la Corte IDH ordenó a México que, en un plazo razonable, continuara las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias de la muerte de Digna Ochoa, así como juzgar y sancionar a la persona o personas responsables, es decir, en este fallo se dice que la abogada no se suicidó, sino que su muerte fue producto de un homicidio.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluye como sanción a México la obligación de crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que lleve el nombre Digna Ochoa y Plácido. Además, el Estado debe otorgar el nombre de Digna Ochoa a una calle en la ciudad de Misantla, en el estado de Veracruz, localidad de nacimiento de la activista, así como a una vía en la Ciudad de México.
El gobierno de nuestro país también debe brindar tratamiento médico y/o psicológico, psiquiátrico o psicosocial a los familiares de la abogada, quienes en la sentencia son reconocidos como víctimas de los hechos. Asimismo, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
La Corte también le exigió a México elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales en el país, en tanto que se debe realizar una reforma a la Ley Federal Para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, a fin de que en esta se incluyan parámetros y estándares internacionales.
Gobierno ofrece disculpas públicas
El Gobierno mexicano ofreció este miércoles una disculpa pública por el feminicidio y las omisiones en la investigación de la muerte de Digna Ochoa, abogada que se volvió icono de la violencia que afrontan los defensores de derechos humanos en México.
El Gobierno pidió perdón 21 años después del asesinato de Ochoa y meses después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en enero pasado condenó a México por la “deficiente” investigación de su muerte, lo que constituyó una violación a su obligación de garantizar el derecho a la vida.
“Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal, y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la Justicia”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno.
Con información de EFE.
