Por Surya Palacios / Alto Nivel
Pagos sin comprobación documental, gastos en exceso o injustificados, adquisición de insumos y equipos inexistentes o que no se instalan, contratos incumplidos, y obras sin proyectos ejecutivos, son algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que suman 47,919.9 millones de pesos.
Entre las irregularidades reportadas en el Informe de Cuenta Pública 2020 se destaca por supuesto el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuya construcción está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta dependencia no reportó 20,243.1 millones de pesos de egresos, mientras que 19,204.6 millones de pesos se ejercieron en exceso.
Esto implica que no están justificados cerca de 40,000 millones de pesos provenientes del presupuesto federal, erogados solo en 2020 en la edificación de la terminal aérea, cuya inauguración está prevista para el próximo 21 de marzo.
Asimismo, aunque la ASF detectó que a esa obra se le donaron materiales, bienes y equipos por un valor de 6,012.1 millones de pesos, provenientes del cancelado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Sedena los registró sin valor alguno. Esa cantidad no está acreditada, pues en la cuenta pública se registró “a costo cero”, refiere la Auditoría Superior de la Federación.
Banco sin software
Sobre el Banco del Bienestar, una institución financiera que tiene como objetivo atender a las personas beneficiarias de los programas sociales, la ASF revela que la entidad gastó 64.5 millones de pesos en un contrato para el desarrollo de un programa computacional (software), aunque este nunca fue instalado.
Aquí se destaca la triangulación de recursos públicos: Este banco pagó 47.4 millones de pesos al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) para el desarrollo del software, mientras que este Centro a su vez pagó a un tercero 17.1 millones de pesos para la adecuación del programa.
Se trata de gastos no justificados por parte del Banco del Bienestar, pues “dicho sistema no se encuentra instalado ni operando y su personal desconoce la ubicación y existencia del mismo”, detalla la Auditoría Superior de la Federación.
Más grave aún es el sobrecosto observado en la construcción de 49 sucursales bancarias, donde se realizaron trabajos fuera de catálogo, y modificaciones que incrementaron el costo de cada sucursal hasta en 2 millones de pesos.
Globalmente, la Auditoria hizo observaciones al Banco del Bienestar por 118.3 millones de pesos, destacándose que la institución no acreditó la documentación comprobatoria para el pago de adquisiciones de mobiliario y equipo por 117.2 millones de pesos.
En total, incluyendo el software pagado y no instalado, y estos últimos gastos, el Banco del Bienestar no ha justificado el uso de recursos públicos por 182.8 millones de pesos.
Refinería inconsistente
Otra obra emblemática de la actual administración es la Refinería Dos Bocas que se construye en el estado de Tabasco, aquí la Auditoria Superior de la Federación hizo observaciones por 59.2 millones de pesos.
En el ejercicio del presupuesto para 2020, la edificación tuvo inconsistencias entre los volúmenes estimados de construcción y los realmente ejecutados; también hay pagos indebidos en las categorías de trabajadores “senior y junior”, pues no se acreditó la especialidad de estos profesionistas; en tanto que se detectaron pagos en exceso para el desmonte en zonas de selva.
De igual forma, resalta la ASF, en esta refinería se adjudicaron contratos por invitación y por asignación directa, en perjuicio de la celebración de concursos abiertos.
Tren Maya desordenado
En la construcción del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) erogó 9,733.9 millones de pesos, de los cuales no fueron reportados 382.3 millones de pesos.
Fonatur también pagó 650.1 millones de pesos sin que se cumpliera con la normativa presupuestal, además de que la Auditoría encontró que 256.1 millones de pesos se erogaron para pagar anticipadamente la elaboración de proyectos ejecutivos, “los cuales debieron pagarse hasta estar concluidos y validados”.
Al respecto, no se acreditó la metodología para la entrega de esos proyectos, ya que los documentos proporcionados no cuentan con firmas de los responsables.
En cuanto a las indemnizaciones a los propietarios de terrenos que poseían parte de los derechos de vía donde se construye el Tren Maya, el gobierno federal pagó 128.8 millones de pesos, pero Fonatur solo proporcionó información parcial que justificó el gasto por 117 millones de pesos, correspondientes a la indemnización de 28 ejidos, aunque no hay datos que justifiquen el pago por 11.8 millones de pesos.
Todo esto suma irregularidades en el ejercicio de recursos públicos por 1,300.3 millones de pesos.
Sembradores fantasmas
El programa “Sembrando Vida”, ampliamente presumido por el presidente López Obrador para apoyar a la población rural en zonas marginadas, también presenta irregularidades.
Por ejemplo, se entregaron de forma directa en efectivo 243.8 millones de pesos a 18,538 personas, aunque la recepción de los recursos por parte de esos individuos no está acreditada, pues no existen documentos que así lo comprueben.
Por otro lado, se otorgaron apoyos adicionales por 565.5 millones de pesos a 19,743 beneficiarios, sin que el gobierno federal proporcionara información sobre si los receptores de esos recursos los aplicaron en los bienes y servicios autorizados en el programa. Además de que tampoco hay documentación que acredite el ejercicio de otros 81 millones de pesos.
Estas inconsistencias suman 890.3 millones de pesos del presupuesto cuyo destino no se ha justificado por parte de quienes manejan “Sembrando Vida”.
Pagos duplicados
En cuanto al programa “Jóvenes construyendo el futuro”, la Auditoría Superior de la Federación reporta que se entregaron 19.6 millones de pesos a 1,315 beneficiarios de entre 18 y 29 años, quienes al mismo tiempo ya habían recibido recursos a través del programa “Jóvenes escribiendo el futuro”.
Trasgrediendo igualmente las reglas de operación de este programa, 252 beneficiarios recibieron 4.7 millones de pesos sin que estuvieran debidamente identificados, pues los pagos se hicieron indistintamente a tutores, representantes de centros laborales, o trabajadores.
La ASF también determinó pagos realizados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 3.2 millones de pesos correspondientes a la adscripción de 17,283 personas beneficiadas con este programa a cargo de la Secretaría del Trabajo. No obstante, esa dependencia no justificó si los presuntos afiliados al IMSS estaban realmente adscritos a alguna empresa.
Para concluir, si a todas estas irregularidades se le suman los 2,700 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación encontró en el manejo de la pandemia de Covid-19 durante 2020, resulta que el gobierno federal no ha aclarado el destino de 50,637.1 millones de pesos.
