Ya transcurrió un año y treinta y dos días, desde que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de diputados aprobó el acuerdo que tiene por objeto declarar la incoación del procedimiento de juicio político solicitado en contra de Yeniria Catalina Ruiz Ruiz y los otros magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; a la distancia de los meses, al parecer se han difuminado los hechos que le dan sustento a la pretensión.
Empero independientemente de los trámites que han llevado en el seno de comisiones de la cámara de diputados, recordemos lo que subyace en este procedimiento es una suspensión del TSJ que otorgó la magistrada a 310 vendedores ambulantes que les permitió la venta de diversos productos; suspensión que les fue concedida para que las autoridades municipales no los retiraran de la plaza principal; comerciantes que, como muchos tuvieran un permiso para instalarse en dicha plaza.
De ahí se explica que la demanda de juicio político sea suscrita por David Guerrero Castellón, ex presidente municipal de Tepic, y ahora secretario del gabinete del gobernador Toño Echevarría.
Para los efectos jurídicos y fácticos, se trata de un derecho individual, la libertad de comercio, confrontado con las disposiciones restrictivas del municipio de nuestra ciudad capital.
Y este escenario representa la contienda política de los gobiernos del PRI, con sus operadores contra la hegemonía de un gobierno de signo político diferente.
Para la comisión de gran jurado, en su sección instructora las conclusiones de su presunta responsabilidad ya están elaboradas; solo que, al igual que en otras contiendas de corte judicial, la presunta responsable tiene todo el derecho para defenderse mediante juicios de derechos fundamentales que ha presentado ante los juzgados de distrito de este partido judicial.
Y precisamente un nuevo juicio de amparo de la magistrado Ruiz Ruiz, tiene para el día de hoy su audiencia incidental; al haberse presentado hace unos días, le otorgaron la suspensión provisional del acto reclamado que, debemos suponer es la emisión de su desafuero y posterior inhabilitación; lo cual, sin embargo no es óbice para que la interesada acuda como estaba previsto ante el pleno de las comisiones de los diputados para presentar sus alegatos.
La cuestión de hoy, es, acudirá Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, ante los diputados..?
INÉDITA COMPARECENCIA
En todos los trámites de los juicios políticos que hoy tienen en la competencia de la XXXII legislatura del congreso del Estado, que el escriba recuerdo, ninguno de los presuntos funcionarios responsables, han asistido al seno del congreso a hacer valer su derecho de defensa.
Sin duda, los grados de complicación no solo jurídica, sino administrativa que traen este tipo de procedimientos, deben ser una monserga para el diputado presidente Polo Domínguez, que sigue actuando con urbanidad política para con los operadores del poder ejecutivo que traen la espada desenvainada en contra de todo lo que huela al sexenio anterior y al precedente, es decir, el gobierno del sátrapa de la Mololoa.
Porque el Congreso del Estado, conforme a la norma constitucional y su reglamentación orgánica, tiene en sus manos la instauración de este tipo de procedimiento que, para efectos prácticos, no representan más que el escarnio político para funcionarios emisarios del pasado, de ser en su momento defenestrados por los representantes populares e inhabilitados por un buen lapso para ejercer cargos públicos.
En este contexto, a juicio del escribano, este procedimiento es un arcaísmo; el Estado debe contar con mejores mecanismos de control constitucional y procedimientos para incoar judicialmente a los ex gobernadores, a sus familiares, a sus prestanombres y a los funcionarios que le acompañaron en el latrocinio de los recursos públicos cuando ejercieron su cargo.
El motivo recurrente en contra de la magistrado Catalina Ruiz, en esta perspectiva aparece fútil; pese a ello, los diputados y sus Abogados, están en lo suyo; y debemos decirlo, es una natural consecuencia en contra de los gobiernos anteriores que instrumentaron magistrados del poder judicial que duran diez años en su ejercicio, Fiscal General, nueve años, y magistrados del TJA incondicionales del gobernador que terminó su mandato con el avieso interés de dejar enclaves transexenales.
La lección que nos deja todo este margallate es, que no es recomendable trastocar los ciclos políticos administrativos de un gobierno que solo dura seis años.
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