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Sujeto a proceso por comparecencia
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Rígidas medidas cautelares
“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague..” reza la conseja popular y el día ayer, ante el Juez penal de primera instancia del sistema acusatorio, compareció el ex secretario general de gobierno y ubico Notario Público Antonio Serrano Guzmán, para responder dentro de la causa penal 1924/22 de la acusación que le imputa la Fiscalía General del Estado por los delitos de Asociación delictuosa, Coalición de servidores públicos, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias.
El juez de la causa le impuso las siguientes medidas cautelares; una firma semanal, una garantía de un millón de pesos y le dio 15 días hábiles para presentarla; prohibición expresa de salir del país, y deberá de entregar su pasaporte y visa en tres días a la administración del CRJP de Tepic.
El imputado se acoge al término constitucional de 144 horas, del modo tal que su audiencia para resolver su situación jurídica se llevará a cabo el día 12 de noviembre próximo a las 09:00 horas en el CRJP de esta ciudad capital.
De este hecho judicial, resaltan varias cuestiones, sin duda, la falta de información oficial y de que no se haya difundido en medios locales la imputación de que fue objeto por parte de la FGE al ex secretario general de gobierno, que era el pegote del perverso Jorge Aníbal Montenegro, quien sigue atejonado en su escondite de Guanajuato. Una noticia de alto impacto sin duda.
En el escenario actual, los latrocinios del pasado reciente, siguen su curso, se han judicializado muchos hechos administrativos turbios con base a los procedimientos que establecen las normas reglamentarias que rigen el quehacer público de los poderes y de quienes son sus depositarios.
El juez de la causa no le tocó la vigencia de su notaría pública, a lo mejor ya conoce la tesis de jurisprudencia que estableció la SCJN en un caso similar que se suscitó en el Estado de Guanajuato, y que establece que no se le puede suspender su función fedataria por presunciones que implica la sujeción a proceso, sino una vez que exista una sentencia firme de una responsabilidad delictiva.
En fin, esa es la constante, con la capitis diminutio de las designaciones de los gobernadores anteriores, cualquier tartufo tiene ya el fiat notarial. Y hoy testimoniamos que tarde que temprano a cada capillita le llega su fiestecita, el imputado recibe los beneficios del sistema penal acusatorio; un millón de pesos de garantía…? Já..! Antonio Serrano con la mano en la cintura los presenta…
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