Por Surya Palacios / Alto Nivel
En entrevista con el New York Times, Encinas reconoció que la nueva versión de lo ocurrido con los 43 normalistas se basa en chats telefónicos inválidos.
En una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, el también subsecretario de Gobernación admitió que “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”. En específico, se trata de decenas de capturas de pantalla de mensajes telefónicos cuya veracidad no es comprobable.
“Hay unos (mensajes) que hemos desechado”, le dijo Encinas al diario neoyorquino, “no tienen elementos suficientes para acreditarse”, ya que “el 100 por ciento seguro en esto no existe”.
Esos elementos ahora cuestionados son 55 eventos relevantes que no coinciden con otras fuentes, pero hay otras 99 pruebas coincidentes, matizó este jueves Alejandro Encinas, al asistir a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Preguntado sobre la falsedad de los chats telefónicos que fueron incluidos en el último informe de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, dijo a ALTO NIVEL que nada en la nueva versión del caso la dan por cierta.
“Seguimos en esta incertidumbre, (…) desde un inicio nosotros dijimos: Esa es una prueba técnica sujeta a verificación, sujeta a una valoración científica, y en esa valoración estamos, o sea nosotros nunca dimos por sentado que eso era verdad”, enfatizó el litigante.
El problema con las capturas de pantalla de chats telefónicos, en los que presuntos sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos dan cuenta de la participación de elementos del Ejército en la desaparición de algunos estudiantes, es que solo se trata de imágenes, pues no existen -ni hay forma de verificar- los metadatos de esos intercambios.
Al respecto, Alejandro Encinas apuntó este jueves que su informe debe ser analizado de manera integral, y aunque dichas pruebas no resulten validas, si se lee el reporte en su conjunto, los demás elementos incluidos en este “son consistentes”.
En ese tenor, Vidulfo Rosales aseguró que los padres de los normalistas están esperando un nuevo reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes están analizando “la información técnica científica” de dichos elementos probatorios.
¿Otra verdad inventada?
Con el objetivo de distinguirse de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, surgida durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y esgrimida por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Encinas dio a conocer en agosto una nueva narración de los hechos, que explicaría lo que realmente pasó con los normalistas.
La “verdad histórica” del hoy detenido Murillo Karam, señalaba que los estudiantes de Ayotzinapa fueron interceptados por policías de los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero. Posteriormente, los gendarmes los habrían entregado a sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes luego privaron de la vida a los normalistas
Tras los homicidios, de acuerdo con el mismo exprocurador, los delincuentes habrían quemado los cuerpos de los jóvenes en el basurero de Cocula, en tanto que los restos carbonizados habrían sido arrojados en bolsas de basura al río San Juan.
Esa versión, según Encinas, es completamente falsa, en realidad -a decir del subsecretario de Gobernación- los 43 estudiantes en ningún momento estuvieron juntos. Sus cuerpos tampoco habrían sido quemados en el basurero referido, ni sus cenizas arrojadas al río San Juan.
El nuevo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa afirma que los normalistas fueron detenidos en grupos separados, y en esa misma condición repartidos entre los sicarios de Guerreros Unidos. Estos habrían privado de la vida a los estudiantes en distintos lugares en los municipios de Iguala, Colula y Huitzuco, para posteriormente ocultar -y deshacerse- de los restos de varias maneras y en diversos lugares.
Ese reporte afirma además que en los hechos de este caso participaron elementos del Ejército, la Marina, y de la Policía Federal, junto con delincuentes, y corporaciones municipales y del estado de Guerrero.
No obstante, al cuestionarse la veracidad de las pruebas en las que se basa la nueva versión, en los hechos se sigue sin tener certeza de lo ocurrido con los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Justo por esa incertidumbre, y porque falta más información, no ha podido saberse el paradero exacto de la mayoría de los jóvenes, ni ha sido posible encontrar sus restos.
AMLO culpa al exfiscal
Con todo lo anterior, es claro que el caso Ayotzinapa está más enredado que nunca: Igual que con la versión de la PGR en la administración de Peña Nieto, lo dicho por las actuales autoridades no se refleja en las pruebas ni en los procesos penales, en tanto que ya no puede ocultarse la molestia del Ejército por el señalamiento de que algunos de sus elementos participaron en las desapariciones.
A esto se añade que este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó implícitamente al exfiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien renunció a finales de septiembre, de haber intentado “dinamitar” las nuevas investigaciones a cargo de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa.
“Se habla de treinta involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión, yo sostengo aquí, lo he dicho, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara”, apuntó el mandatario.
López Obrador agregó que “sin tomar en cuenta el informe (de Alejandro Encinas), le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de seis militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar”.
Lo cierto es que con estas declaraciones el presidente muestra desconocimiento y confunde más el caso, pues no se cancelaron 80 órdenes de aprehensión, sino solo 21. Esos mandamientos fueron solicitados por Omar Gómez Trejo, quien estaba a cargo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).
El desistimiento ante un juez de esas 21 órdenes de aprehensión se llevó a cabo por parte de personal de la misma FGR, sin tomar en cuenta a Gómez Trejo, justo por eso presentó su renuncia.
Así, ocho años después de los hechos de Ayotzinapa, lo único cierto es que los estudiantes siguen desaparecidos, producto de un crimen de Estado, debido al involucramiento de funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno mexicano.
