No obstante, el exalcalde de Iguala, Guerrero, permanecerá en prisión porque tiene otros tres procesos penales en su contra.
Esta resolución será apelada por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que la sentencia absolutoria aun no está en firme.
Además, el exedil, quien llegó a la presidencia municipal de Iguala abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), está acusado por el homicidio de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
Cabe aclarar que la ya desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) acusó a José Luis Abarca de la privación ilegal (secuestro) de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dentro del proceso penal que se inició cuando el titular de esa dependencia era Jesús Murillo Karam, actualmente en prisión preventiva justificada.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a cargo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha criticado la actuación de la otrora PGR, porque los más de 90 detenidos entre 2014 y 2015 nunca fueron acusados de desaparición forzada, sino solo de secuestro.
Justo porque los 43 estudiantes de Ayotzinapa no solo fueron secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014, sino que en realidad fueron desaparecidos, José Luis Abarca no es el único acusado que ha sido absuelto por esos hechos.
En 2019, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales federales con sede en Tamaulipas liberó a varias decenas de detenidos, toda vez que la PGR no logró probar su responsabilidad penal por el secuestro de los normalistas.
Complicidad con delincuentes
José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en noviembre de 2014, acusados de ser los autores intelectuales del secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa.
Según el más reciente informe rendido por Alejandro Encinas, el exalcalde es identificado como “A1” en los diversos mensajes que habrían sido enviados al exfuncionario por parte de delincuentes, miembros del grupo Guerreros Unidos.
El intercambio -vía mensajes por teléfono celular- entre los sicarios y Abarca, fue analizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instancia que encontró un texto que se le atribuye al exfuncionario en el que este habría ordenado actuar en contra de los estudiantes.
“Me chingan a todos a discreción”, habría apuntado José Luis Abarca en uno de sus mensajes, siempre de acuerdo con lo relatado por Alejandro Encinas.
En 2019, Abarca y su esposa también fueron acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada, por presuntamente haber adquirido 31 inmuebles en el estado de Guerrero, con recursos de procedencia ilícita.
Sin certezas
El próximo lunes 26 de septiembre se cumplen 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que se tenga certeza plena de lo que realmente ocurrió con los jóvenes.
En agosto pasado, Alejandro Encinas reiteró que los estudiantes en ningún momento estuvieron juntos; y sus cuerpos tampoco habrían sido quemados en el basurero de Cocula, ni sus cenizas arrojadas al río San Juan, como se dijo inicialmente por parte de la PGR.
El nuevo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa afirma que los normalistas fueron detenidos en grupos separados, y en esa misma condición repartidos entre los sicarios de Guerreros Unidos.
Estos habrían privado de la vida a los estudiantes en distintos lugares en los municipios de Iguala, Colula y Huitzuco, para posteriormente ocultar -y deshacerse- de los restos de varias maneras y en diversos lugares.
El reporte de la Comisión para la Verdad reconoce además que en los hechos de este caso participaron elementos del Ejército, la Marina, y de la Policía Federal, junto con delincuentes, y corporaciones municipales y del estado de Guerrero.
