Ha sido una de las acciones del gobierno de Roberto Sandoval que ha tenido el mayor beneplácito del gremio; el premio del Abogado que estatalmente debiera ser entregado al profesional del derecho que labora en la administración y en la procuración de justicia; al académico y al postulante, las cuatro áreas en donde se condensa la labor de esta –en ocasiones, vilipendiada- noble profesión.
Trasladado el evento en este año, porqué se llevaron a cabo las recientes elecciones; el viernes anterior, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de estos reconocimientos, los cuales fueron a propuesta de todas y cada una de las organizaciones de abogados que existen en la entidad, ninguna de ellas quedó fuera, todos tuvieron la oportunidad de proponer, y al parecer, el dictamen del comisión organizadora no tuvo inconformidad alguna.
El mérito al abogado que se dedica a la academia, correspondió al doctor en derecho Julio César Romero, responsable de la Escuela Judicial del TSJ, una pieza clave en todos los acontecimientos, cursos, seminarios y demás, que el poder judicial y la comisión estatal para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, han llevado y siguen llevando en esta ciudad.
Con un perfil no dado a los reflectores, nuestro amigo Julio César, ha llevado a cabo su trabajo sin que su presencia haya significado discordia o problema de operación alguna, un hombre dedicado con pasión a lo que hace, inconforme con el estado actual de los programas de estudio de las universidades locales que no han proveído al futuro abogado de las materias indispensables para la formación de los letrados que reclaman este tiempo de transformaciones.
Le correspondió a José Alfredo Becerra, la distinción del abogado en el área de procuración de justicia, como titular de la dirección jurídica de la Fiscalía General, ha dejado la huella de su talento, disciplina y personalidad en el cumplimiento de sus responsabilidades, es un letrado que complementa la sanguínea personalidad del fiscal de hierro, Edgar Veytia, ha tenido en su persona uno de los eficaces colaboradores en este tiempo dinámico de cambios.
Porque son precisamente las fiscalías, las entidades primeras que reclaman su transformación, la implementación del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio; José Alfredo goza del reconocimiento de sus pares en la fiscalía y en el foro, ha sabido ganarse a pulso, sus muchos amigos y conocidos que le prodigan su amistad porque es un abogado que se entrega con afán y sin egoísmos a hacer lo que le corresponde.
En el poder judicial, la designación al mérito del abogado que administra justicia, en la persona de la guapa y talentosa abogada Rocío Esther González, causó expectación y beneplácito no solo en sus compañeros del TSJ, también, en las organizaciones de abogados y los integrantes de la llamada familia jurídica de la entidad.
En Rocío, se condensa el mérito a la carrera judicial, ella, una letrada que ha recorrido a fuerza de talento y esfuerzo continuado, la carrera del funcionario judicial, desde auxiliar administrativo en juzgados de primera instancia, hasta la reciente nominación a ser integrante como magistrada del TSJ y del consejo de la judicatura.
Enhorabuena..! y no solo por la condición de género, que es menester se acredite en el seno del poder judicial, sino porque su fresca presencia es un bálsamo al acartonamiento que en ocasiones se genera en algunos miembros del tribunal, que escudan sus carencias y faltas de urbanidad en un castillo de excluyencias, y no precisamente de cristal.
EL BENEPLÁCITO POR EL ABOGADO POSTULANTE
Este nombramiento, es una de las designaciones que suelen producir discordancias y en ocasiones encono y una que otra manifestación de envidia; sin embargo, en esta ocasión, la persona de Juan Antonio Echeagaray, aglutinó a las dirigencias de las organizaciones de abogados, de funcionarios de los tres poderes y, de la sociedad en su conjunto.
Se le pudiera señalar humanos defectos a nuestro amigo; sin embargo, es un hecho notorio que la vida profesional, familiar y social de Echeagaray Becerra tiene el más alto de los reconocimientos públicos y privados que se le pudiera prodigar a profesional alguno.
Hombre de letras, político que ha sido congruente con sus posiciones ideológicas y partidarias, catedrático universitario, ex diputado local, quien en su paso por el congreso local, dejó constancia de su astucia y meticulosidad para los procesos legislativos y fue un duro valladar que impidió a finales del sexenio anterior, las herencias malditas y enclaves transexenales que el gobernante anterior pretendía imponer en una legislatura a modo.
Hábil en la tribuna, excelente negociador y generoso con los suyos y con sus amigos; un abogado postulante capaz, eficiente e informado en este mar inmenso de transformaciones de paradigmas jurídicos; de los nuevos cuerpos legales y, sobre todo, con un talante y bonhomía para desenvolverse como un ser socialmente útil, para sí, para su familia y para la comunidad en que vive. Bien por Juan Antonio Echeagaray..!
A los Abogados, se le pide ayuda, protección, amparo, como se acredita con su infabilidad onomástica, ya que, Abogado quiere decir etimológicamente “Ad-vocatus” el llamado de auxilio; quien al abogado acude, le confía su persona, sus intereses, su patrimonio, su familia y le pide un humano socorro; podemos decir que la abogacía es la independencia misma de todas las profesiones; condición esencial de su eficacia y quizás el fundamento más sobresaliente de su rango.
Todos los premiados, desde sus trincheras, están comprometidos con la labor de la justicia, esa inasible e inalcanzable condición de darle a cada cual lo que le es suyo o le pertenece.
Estoy cierto que los verdaderos abogados no solo poseen los conocimientos jurídicos que le permiten alumbrar soluciones, y formular criterios; sino que además, lucha por ellos; y en esta lucha se requiere temple y espíritu y ser auténticamente liberales, no solo como filosofía política, sino como formación profesional e idiosincrasia personal.
En este contexto, es en dónde ubico a los cuatro Abogados premiados. Bien por el Estado que reconoce a los mejores y bien por ellos, que son socialmente necesarios.
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