- Plenos del TSJ y del CEJN acuerdan nuevo alargue
- Semi suspendidas las actividades jurisdiccionales
- Grave daño al tejido social, la pervivencia de las medidas
Y de nueva cuenta, los plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y del Concejo Estatal de la Judicatura, determinaron una nueva prolongación de la suspensión de términos y plazos judiciales, lo que conlleva el estado de excepción que tenemos desde hace cinco meses, y con la prudencia que ha acreditado el magistrado presidente Ismael González Parra, impulsa que se abra una nueva ventana de actividades jurisdiccionales que pueden ser presenciales, en materia civil y penal del sistema tradicional.
El texto es claro: «se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Nayarit hasta el cuatro de octubre de dos mil veinte, con excepción de los casos previstos en el presente acuerdo.»
El acuerdo 10/2020 en el punto 4 de sus «consideraciones» establece:…«a efecto de prolongar la suspensión de plazos y términos judiciales hasta el cuatro de octubre del dos mil veinte; pero también, para seguir ampliando de manera gradual y constante el acceso a los tribunales,en este caso, extendiendo los supuestos de casos urgentes en materia civil, y habilitando a los juzgados del sistema penal tradicional, para que en aquellos asuntos donde ya se haya cerrado instrucción y el procesado esté en prisión preventiva, se tramiten hast su conclusión.» Además de ordenar en el sistema penal acusatorio, notificaciones presenciales y audiencias de los magistrados de la sala penal.
El asunto que los Abogados litigantes consideramos importante, que este tipo de resolutivos tiene prácticamente el carácter legal, y queda al arbitrio de jueces su interpretación y vigencia, solo que no todos los juzgadores tienen amplitud de criterio para privilegiar los derechos sub júdice y discernir cuál es la naturaleza de un asunto civil «urgente»..? un embargo; una apelación insustancial en un juicio de desahucio..? hubiese sido adecuado su tipología, en base a la legislación adjetiva civil aplicable.
Y también en los asuntos penales del sistema tradicional, este tipo de procesos penales seguirán «hasta su conclusión..» empero para el criterio de una juzgadora de este sistema, si no se establecen con claridad, un asunto ya terminado, que tiene sentencia y se solicita la devolución de las fianzas..? actuará en consecuencia, o se requiere que el acuerdo tiene que ser casuístico para que no se dilaten las resoluciones..?
La suspensión de las actividades jurisdiccionales es un asunto de enormes consecuencias; el tejido social se ha visto afectado, se ha producido una reacción en cadena, dado que con el pretexto de la pandemia y de la suspensión de los servicios jurisdiccionales, no existe la inmediatez de los recursos para la defensa de los intereses patrimoniales de justiciables y de Abogados litigantes; con los juzgados cerrados y los acuerdos a cuenta gotas, la ejecutividad y coercitividad de la verdad legal, ha quedado sin eficacia.
Lo que sucede en el poder judicial, es una grave condición que es parte de la amplia gama de actividades que son absolutamente esenciales para la sociedad; aunado a que en la Fiscalía General del Estado, impusieron de facto un estado de sitio para entrar a sus instalaciones y tanto su titular como los demás funcionarios responsables de las dependencias que tienen que ver con la atención al público, siempre «están en reunión» , dimensionado un panorama de excepción para los justiciables y sus Abogados patronos.
Algunos Abogados que son excelentes jurisperitos, señalan que las excepciones a los plazos y términos que establece el Código adjetivo civil, no pueden ir en contra de la estructura jurídica de los procesos, y esto viene a cuento porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de Primera Sala, determinó conocer de un asunto en el que subyace la posibilidad de fijar el carácter y valor probatorio que se debe otorgar a los documentos públicos digitalizados o escaneados que se ingresen al expediente electrónico para acreditar el interés jurídico, con el objetivo de salvaguardar la seguridad jurídica de quienes decidan promover el juicio constitucional por vía electrónica.
El asunto también tiene el potencial para que la Primera Sala continúe el desarrollo de su línea jurisprudencial sobre el uso eficaz y eficiente de las tecnologías de la información para presentar una demanda de amparo utilizando la firma electrónica, con la finalidad de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial.
El conocimiento del asunto daría la oportunidad de establecer si es posible impugnar la regularidad constitucional de un precepto de los Acuerdos Generales emitidos de manera conjunta por este Alto Tribunal, pues sobre dicho tema aún no existe un criterio específico que lo determine.
Lo cual, aplicado al ámbito local del poder judicial, tendría sus consecuencias de nulidad en el momento procesal de que se regularicen las actividades jurisdiccionales estatales. Una condición de excepción que prevalece y que a todos nos perjudica; oremos por el buen juicio de los juzgadores, y que los integrantes de los plenos, estén atentos a la interpretación extensiva de los casos señalados; sean gentiles y les auxilien a los jueces de primera instancia a no dilatar acuerdos.
