Reconoce magistrado presidente que instituciones públicas deben ejercer recursos con transparencia, responsabilidad y eficacia
Esta es la edición cinco de la fiscalización que sufre el Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, y como las anteriores, a partir del 2012, existe un desfasamiento en el ejercicio del gasto corriente; pudiese tener varios adjetivos el asunto, responsables son el titular del poder ejecutivo y los diputados del congreso que son quienes, al final determinan el monto del presupuesto de egresos del poder judicial.
Quizás, para el poder ejecutivo y secundado por el legislativo, el determinar un presupuesto menor a sus necesidades, es una forma de auto afirmar una supremacía política para quienes integran los mandos del TSJ; sin embargo el caso se reiterativo y de nueva cuenta, la ahora Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ha entregado los resultados de la reciente fiscalización, en dónde se repite el mismo fenómeno anterior, el presupuesto al final del año, no les alcanza y para salir diciembre, tienen que tomar adelantado del año entrante.
Estas son las irregularidades administrativas que se evidencian en la fiscalización, empero es un fenómeno complejo en donde se imbrican los otros dos poderes, al escamotearle casi siempre un veinte por ciento de lo que se solicita para satisfacer las necesidades que no pueden soslayarse del gasto corriente del poder judicial.
En otras dependencias puede existir acotamiento del gasto público y no invertir en obra o en servicios; empero en el poder judicial es imposible, no pueden dejar de administrar justicia y mas aún con la dinámica nacional de ampliación de sus competencias, en materia laboral, familiar oral y mercantil; y con una justicia penal de oralidad creciendo.
Se impone una racionalización del presupuesto que le autoriza el congreso, desde este espacio hemos dicho en años anteriores, que de menos es menester que al poder judicial de Nayarit, se le autorice el porcentaje que le corresponde a la media nacional; tenemos la carta local que así lo establece, y en breve los diputados se abocan a la autorización de las leyes de egresos para los poderes, para el ejercicio fiscal del 2019.
Mientras tanto, ahora le corresponde al magistrado Ismael González Parra, resolver las observaciones que trae el informe de resultados preliminares de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2017.
El encargado del despacho del organismo fiscalizador del Poder Legislativo del estado, Héctor Manuel Benítez Pineda, informó que el informe incluye un pliego de observaciones que el ente auditado tiene oportunidad de solventar en un plazo de veinte días naturales.
Esta auditoría incluyó la gestión financiera, una evaluación del desempeño administrativo y las recomendaciones conducentes, como lo establece la ley de la materia.
El magistrado presidente González Parra señaló que la administración que encabeza hará lo correspondiente, con la convicción de que el Poder Judicial ejerce recursos públicos y debe hacerlo no sólo con transparencia y responsabilidad, sino además con eficacia, «es decir que el ejercicio de los recursos haya tenido un resultado».
En esta reunión estuvieron presentes los magistrados de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, entre ellos el magistrado Francisco Javier Rivera Casillas, quien consideró de importancia que de la evaluación del desempeño no sólo se desprendan recomendaciones sobre áreas de oportunidad, sino que también se identifiquen aspectos en que instituciones como el Poder Judicial han cumplido satisfactoriamente los respectivos indicadores.
Integrantes de la señalada comisión, la magistrada Zaira Rivera Véliz (presidenta), así como los magistrados Miguel Ahumada Valenzuela y Pedro Álvarez Hormaeche, atestiguaron la firma del acta de cierre y de resultados de la auditoría.
Acompañaron al magistrado Ismael González Parra; el secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Jaime Palma Sandoval; y todo el equipo de administración que, una vez mas tendrán que hacer milagros para cumplir con las observaciones, el secretario de Administración, Juan Carlos del Real Lima; el titular de la Contraloría Interna, César Contreras Meza, así como los jefes de los departamentos de Planeación Financiera y Planeación Institucional, Édgar Alberto Rivera Rivas y Jorge Salvador Sánchez Domínguez.
