* Los plenos del poder judicial, deciden ampliar funciones jurisdiccionales
* Con las restricciones de la pandemia, es crítica la situación de Abogados y justiciables
La administración de justicia, es una de las actividades esenciales que el Estado debe prodigarle a la sociedad; con las restricciones impuestas por la emergencia que implica el cuidado de la salud comunitaria y de los empleados y usuarios de los servicios jurisdiccionales, el tejido social, se ha visto alterado en grado sumo.
El poder judicial, ha reaccionado en la medida de lo posible, sin embargo es notorio el daño social que se ha estado cometiendo con las restricciones a las actividades jurisdiccionales presenciales; ahora con el programa de citas previas para la presentación de demandas nuevas y promociones, al acuerdo 09/2020, le faltó que le pusieran un caso de excepción cuando la presentación de escritos de apelaciones, o contestar agravios, que tienen términos fatales, dado que al tener listos los escritos, las citas no son inmediatas y queda el justiciable en estado de indefensión.
Faltaría que se diera una medida interna para que los y las encargadas de las oficialías de partes comunes, tengan un poco de criterio y reciban promociones tratándose de términos judiciales, que en la Litis precluye el derecho de las partes.
En este nuevo acuerdo que posterga hasta el fin de agosto la reanudación de las actividades jurisdiccionales (o antes si las condiciones de sanidad general lo permiten) lo novedoso es que se incluye la jurisdicción mercantil tradicional; todo lo demás queda igual, y un verdadero hoyo lo constituye la jurisdicción penal tradicional, que notifica acuerdos y sentencias y sin embargo no corren los términos, quedando en el limbo los recursos procesales que la norma establece.
El derecho y su práctica jurisdiccional, es un actividad de la cual depende el tráfico inmobiliario, el cobro de rentas, los juicios de de deshaucio; las medidas cautelares de restricción en juicio familiares, las pensiones alimenticias y un largo etcétera, la sociedad se ha visto lesionada en su integridad patrimonial en grado sumo; es menester que los poderes estatales se pongan de acuerdo de una buena vez y desde ahora, tengan presupuestado el recurso que se requiere para la instrumentación técnica para la justicia en línea en todas sus materias.
Dado que en el semáforo epidemiológico nacional Nayarit se encuentra en rojo y a fin de seguir protegiendo la salud tanto del personal como de los usuarios, se extendió la suspensión de labores y plazos procesales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de Nayarit hasta el 31 de agosto, con excepción de los casos previstos en los acuerdos 08 y 09/2020 de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
Se precisa que los juicios ejecutivos mercantiles ya iniciados en los que se haya realizado el auto de exequendo (ejecución), continuarán sus etapas procesales hasta su conclusión; asimismo, en los mercantiles ordinarios presentados hasta antes del diecisiete de marzo de dos mil veinte, siempre que las partes registren correo electrónico para oír y recibir notificaciones.
Así lo establece el Acuerdo General 09/2020, tomado este jueves en forma unánime en sesión conjunta de los mencionados Plenos, presidida por el magistrado Ismael González Parra.
También establece que «asimismo, se asume la responsabilidad de afrontar en el ámbito administrativo las medidas sanitarias necesarias que permitan en lo subsecuente una total apertura de la administración de justicia en el Estado. En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Nayarit mantiene un equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho de acceso a la justicia en la sociedad nayarita».
CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA EL MAGISTRADO PRESIDENTE CON LA CONATRIB
El pasado viernes se efectuó –de manera virtual-, la Segunda Asamblea Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib). En la misma, el Presidente del Tribunal de Nayarit, magistrado Ismael González Parra, presentó un detallado informe sobre el avance en la elaboración del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El Presidente del TSJ de la Ciudad de México y de la propia Conatrib, magistrado Rafael Guerra Álvarez, expresó que este trabajo es una prioridad para esa Comisión Nacional y tras el consenso de los poderes judiciales locales será presentado al Poder Legislativo de la Federación.
Esta es una encomienda de la Conatrib al magistrado González Parra, quien encabeza un equipo de servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de Nayarit que se han esforzado con entusiasmo y han laborado en siete distintos ejes temáticos relacionados con el Código Nacional y ya concluyeron el anteproyecto presentado en la Segunda Asamblea Ordinaria de los Presidentes de Tribunales Superiores.
Los siete ejes temáticos son Normatividad, Infraestructura y equipamiento, Capacitación, Estructuras organizacionales, Sistema de estadística judicial, Difusión y Evaluación.
A propuesta del magistrado presidente González Parra, los poderes judiciales de los estados designarán enlaces que participarán en el proceso de retroalimentación del anteproyecto de referencia. Y pronto se convocará a una reunión nacional con el único y exclusivo fin de analizar y acordar el proyecto definitivo de Código de Procedimientos Civiles y Familiares.
Prudente sería que se incluyera la voz de los Abogados litigantes y de sus organizaciones gremiales.
