*A un año de plena vigencia en Nayarit, buenas cuentas del sistema acusatorio y oral
*Certeza jurídica, transparencia y agilidad en los juicios, entre sus logros
Primer año, de la implementación en Nayarit del nuevo sistema penal de corte acusatorio y oral, “rendimos buenas cuentas de la impartición de justicia relacionada con la comisión de delitos”, expresó el presidente del Poder Judicial, magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto.
Señaló que los operadores del sistema han logrado, en forma coordinada, cumplir el mandato constitucional relativo a la nueva forma de enjuiciamiento penal y sus principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Este nuevo modelo para los justiciables ha significado una mayor certeza jurídica, transparencia por la celebración de audiencias públicas y agilidad en los procedimientos, algunos de los cuales se han resuelto en tiempo récord de siete días.
Señaló el togado que en las causas relacionadas con delitos de alto impacto como el homicidio calificado, se ha tenido resolución en menos de un mes, sobre todo por el reconocimiento de los imputados de haber sido ellos quienes los cometieron, cuando, incluso por dicha circunstancia, en el sistema tradicional esos juicios habrían durado años.
No está demás recordar que en la entidad, tres días antes del plazo previsto en la reforma constitucional federal de junio de 2008, el 15 de junio de 2016 entró en vigor el nuevo sistema de manera integral; en su primer año de vigencia ingresaron a los centros regionales de justicia penal 1912 causas, de las cuales únicamente ocho han llegado a la etapa de juicio oral.
Los asuntos concluidos suman 1471, de los cuales 642 terminaron por procedimientos abreviados con procedimiento de ejecución, 552 por salidas alternas y 277 por otras causas.
Respecto al tipo de delitos, es de señalarse que casi dos tercios de las causas iniciadas se relacionan con violencia familiar (20.3%), abandono de familiares (16.9%), robo calificado (14.9%) y contra la salud pública, en su modalidad de narcomenudeo (12.4%).
En menores proporciones se encuentran los delitos de daño en las cosas (2.3%), los de tránsito cometidos por conductores de vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas (2.2%), homicidio calificado (2.2%) y robo simple (2%). Otros delitos representan el 24.8% restante.
Sobre las medidas cautelares que también caracterizan al nuevo sistema, en audiencia pública los jueces de los centros regionales de justicia han dispuesto la prisión preventiva de los imputados en el 39% de los casos, la exhibición de garantía económica en el 18% de ellos y en el 16% de los casos, la presentación periódica de las o los imputados ante el juez o autoridad que se designe.
Singulares medidas cautelares han sido tomadas por los juzgadores respecto a los imputados son la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas (12%) o la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares (10%), mientras que en el 3% de los casos han dispuesto la separación inmediata de los imputados del domicilio familiar.
El 2% restante de las medidas cautelares las representan los casos en que las o los jueces ordenaron el sometimiento del imputado al cuidado o vigilancia de una persona determinada o su internamiento, así como la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la que residen o el ámbito territorial fijado por los juzgadores.
Pese a la consustancial astringencia presupuestal del poder judicial, funcionan cinco centros regionales de justicia penal, con sede en Tepic, Tecuala, Santiago Ixcuintla, San Pedro Lagunillas y Bahía de Banderas, respectivamente; además de celebrar audiencias en los mencionados centros las o los jueces se han trasladado en algunos casos a hospitales públicos o privados para llevarlas a cabo con imputados que ahí son atendidos por lesiones de consideración.
Ahora, es tiempo de escuchar las voces de justiciables y Abogados litigantes para conocer el lado amargo del chocolate…
