Del mar de tinta que está corriendo a partir del informe que recientemente presentaron a la PGR el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión interamericana de derechos humanos; el cual tiene un factor muy discutible, el haberle apostado al dictamen de un solo perito, ¡uno solo! El del peruano José Torero quién dictaminó que ahí en aquel basurero de Cocula no pudieron incinerar a los 43 estudiantes.
¿Por qué estos “expertos independientes” le apostaron a que con un solo peritaje de alguien que hace meses fue cuestionado por sus yerros en otros casos..? ¿Por qué sabían de la descomunal respuesta de las mass media mexicana..? en donde el coro monumental de la gigantesca comentocracia de las redes, iba a tomarlo como la verdad divina para irse en contra del Estado y forzar una inexistente responsabilidad política en la persona del presidente Enrique Peña Nieto.
Partamos de los elementos fácticos que constituyeron el proditorio multi homicidio; el narco poder, en el Ayuntamiento de Cocula estaba personificado por su cuerpo de policía municipal; su respuesta tan sangrienta y contundente en contra de los estudiantes que llevaban los autobuses recién robados, constituyen el principal motivo del crimen; en uno de estos camiones, (a lo mejor en el quinto que descubrieron los expertos del GIEI) iba un importante cargamento de heroína o del precursor goma de opio.
Esta línea de investigación que es la más obvia, ha estado oculta a la opinión pública, deben saber los expertos de la SEIDO la ruta del trasiego de la goma que termina en Chicago, para la satisfacción de los apetitos insaciables de millones de narco adictos norteamericanos; y ahí en esa región dominada por los gobiernos emanados del Prd y hermanados hasta mimetizarse con la narco delincuencia estaba imbricado el pleito por el control delincuencial.
La desastrosa investigación primera se explica porque fueron las autoridades locales las que hicieron los primeros levantamientos, no existió cuidado ni profesionalismo para salvaguardar indicios, medios de prueba, ni embalaje adecuado para ello; de facto se rompe la cadena de custodia en todos sus eslabones en las primeras actuaciones ministeriales.
Recordemos que fue 10 días después que la PGR atrajo el conocimiento del caso, y frente a la versión de algunos de los detenidos, de que fueron incinerados los cuerpos de los estudiantes, contrataron a los más connotados expertos del tema, reconocidos a nivel internacional, cuyo peritaje hoy es discutido por el peruano Torero; la frase de “la verdad histórica” es del argot judicial en materia penal; y hoy lo que tenemos es la politización del proceso judicial.
¿CONTRA PEÑA NIETO..?
Unas exageraciones llevan a otras, y el curso de los contestatarios del sistema y del gobierno, con sus expresiones que lindan con el anarquismo total, plantean un escenario de incredulidad extrema a todo lo que hace la PGR y el gobierno de la república; en Iguala, Cocula y Huitzuco, la delincuencia organizada traía uniformes de policía municipal, ellos reaccionaron como lo hicieron por que tuvieron la indicación expresa de así hacerlo; dependían formalmente de sus alcaldes (perredistas) y las fuerzas federales no intervinieron por la obviedad de que los hechos eran competencia de autoridades locales.
Este multi homicidio se ha convertido en una tragedia judicial, en un desastre las investigaciones primeras, levantadas por la fiscalía de Guerrero; y ahora mediático y político, merced al dictamen de estos expertos contratados y financiados por el Estado mexicano, que según algunos analistas, dijeron en Twitter que dejaron sin conclusiones su investigación al terminar su millonario contrato…, para que se los renovaran, tal cual ocurrió conforme lo informó el presidente Peña Nieto al conocer los resultados de su informe.
La respuesta de la PGR ha sido puntual y racional, el estudio del GIEI, se integra a las miles de páginas de la investigación del caso, la procuradora Arely Gómez, mantiene la disposición de seguir colaborando con este grupo de investigadores; y el presidente Peña Nieto, señala su disposición para reunirse de nueva cuenta con los padres de los estudiantes desaparecidos; el Estado y su órgano de procuración de justicia mandan las justas señales para que la CIDH registre la obsecuencia de un gobierno cuyo titular, está fuera de toda duda sobre su voluntad para esclarecer cabalmente esta tragedia.
Interpretaciones maniqueas de algunos opinadores que pretenden imputarle al presidente Enrique Peña Nieto la responsabilidad primera de este galimatías delincuencial; el gobierno del Estado y el de los ayuntamientos, son los directamente responsables; las omisiones de las fuerzas federales, llámese policía federal o ejército mexicano, deben ser explicadas a cabalidad para el deslinde de las responsabilidades penales de cada institución.
Sí, este fue un crimen de lesa humanidad, el Estado mexicano ha reaccionado como nunca para esclarecer y consignar a la justicia a los responsables; no es dable pues, exagerar en la diatriba, los dicterios e imputarle una responsabilidad inexistente al presidente de los mexicanos; su persona y lo que representa no han perdido credibilidad.
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