Pasado el pasmo de la detención del que fuera el fiscal general del Estado; siguen las condiciones de extrañeza en los pasillos del tribunal superior de justicia; en la sala regional de juicios orales, en el centro de justicia familiar con sus juzgados de oralidad; ellos y ellas jueces de control, agentes del ministerio público, incondicionales de Edgar Veytia, se encuentran con miradas huidizas, nadie habla del tema, pero todos lo sienten.
El magistrado presidente y cuates que le acompañan, se han refugiado en la dinámica del trajinar diario, las audiencias de abogados y justiciables expoliados que nunca faltan, reuniones del consejo de la judicatura, de las salas y hasta un desayuno de amigos para darles a conocer que aún con los cien millones de pesos más en su presupuesto de este año –en relación al del precedente- no hay dinero para fortalecer las labores sustantivas del poder judicial.
Siendo tan cercanos, la administración de justicia y la procuración de la misma, en el primer tramo de la vigencia del nuevo sistema de justicia penal, el hecho que enturbia estas trascendentes actividades del Estado de cara a la sociedad, no ha sido metabolizado por los integrantes del poder judicial, hecho, que a juicio del escriba puede ser un detonante para la reordenación del necesario equilibrio que debe permanecer entre las dos entidades.
La figura del fiscal, era apabullante para justiciables, agentes del MP y jueces de control; la imposición asimétrica de medidas alternas para la solución de conflictos derivados de la comisión de hechos delictivos, causaban escozor en abogados del foro, empero, el Güero se empeñaba siempre en buscar conciliaciones de manera ecléctica, sin que el concejo de la judicatura dijera algo al respecto.
Ahora, lo que se impone es un reordenamiento de las prácticas administrativas de las acciones previas a lo jurisdiccional, a la hibridez que se había instrumentado deben aplicarse los correctivos y hacer educación compensatoria de los funcionarios que intervienen en la primera parte de los procesos penales.
Fueron muchas las reuniones a puerta cerrada que mantuvieron entre Pedro Antonio Enríquez y Edgar Veytia; hubo estiras y aflojas entre el togado y el proactivo fiscal.
Ninguno de los magistrados se ha manifestado sobre el tema, a lo mejor nadie les ha preguntado, empero, se percibe en sus integrantes, que en el poder judicial nunca existió sinergia a las acciones del fiscal ahora caído en desgracia…
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