Una de las acciones sustantivas del poder legislativo, de acuerdo con la vieja teoría de pesos y contra pesos de un Estado que se precie de contar con equilibrios democráticos entre sus componentes, lo constituye la facultad de fiscalizar al legislativo el manejo adecuado de los recursos que le pone a su cargo; hoy la fiscalización gubernamental tiene una alta especialización y la corriente internacional demanda que se haga énfasis en la evaluación del desempeño.
Las auditorías financieras y las de obra pública pasan a segundo plano, porque es mas importante que se fiscalice la forma y modos en que el servidor público lleva a cabo sus responsabilidades; con un importante grupo de nuevos empleados en el OFS, han aplicado un singular sincretismo en el desempeño de sus labores, al igual que los integrantes de esta XXXI legislatura, cuyos perfiles muy poco o nada tienen que ver con estas acciones de especialización profesional.
De facto el auditor general, Roy Rubio con su formación profesional de licenciado en derecho ha tenido -a marchas forzadas- que someterse a una capacitación e información permanente del amplio espectro que significa la cultura de la fiscalización gubernamental, ha la fecha a cumplido de manerar perfectible su función.
Y por las inherentes cuestiones del diseño de los calendarios en el legislativo; aún no conocemos si fue aprobado o nó el informe de resultados de la fiscalización gubernamental del ejercicio 2014; aunque también ya se presentó el 19 de febrero pasado, el resultado que la Auditoría Superior de Fiscalización de la Cámara de diputados federal que impacta de manera crítica a dos importantes áreas del gobierno estatal y no se conoce el resultado final de las observaciones resarcitorias.
Al parecer ha fallado el proceso de análisis y discusión entre las bancadas, para conocer a cabalidad qué es lo que sucede en las tripas de la administración pública estatal, si ya mejoraron sus controles internos, si respetan las normas de obra pública y si las licitaciones se hacen en forma y si la compra directa de bienes y servicios se llevan a cabo conforme a derecho.
En ésas andan los diputados y Roy Rubio, cuando ya tienen que cumplir su calendario para dar inicio con las auditorías de las cuentas públicas del 2015, en reunión de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto se llevó a cabo la presentación del Programa Anual de Auditorías del 2016 por parte del Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior.
Al presentar el programa, el Auditor General, Roy Rubio Salazar informó a las diputadas y diputados que forman parte de la Comisión que para la ejecución de las auditorias que serán realizadas al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los veinte municipios, así como a organismos autónomos, descentralizados estatales y municipales se analizará información financiera, patrimonial, programática y presupuestal, las cuales se ejecutarán a 54 sujetos fiscalizables, nueve de ellas se realizarán mediante visita domiciliaria y 45 más de gabinete, aclaró que en este año se incrementaron nueve sujetos a fiscalizar más que el año anterior.
Roy Rubio Salazar, les comentó a los legisladores que los aspectos generales a revisar en las 105 auditorías a realizarse en materia financiera, obra pública y evaluación al desempeño, se centran en la evaluación del control interno, análisis presupuestal, análisis de las cuentas de balance, registro contable y presupuestal, existencia de lineamientos y normatividad para regular procesos administrativos, registros y control de bienes muebles e inmuebles, debida comprobación y recaudación de ingresos, comprobación y justificación del gasto, servicios personales, adquisiciones y cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Frente a la amplia y ambiciosa programación los diputados coincidieron en tener mano firme en la aplicación de los recursos para que se sancione a los servidores públicos que hayan hecho uso indebido de ellos; lo que hasta la fecha no han llevado a cabo ninguna instancia administrativa o judicial, frente a la incredulidad de la ciudadanía que ve con azoro el enriquecimiento bastante explicable de sus ediles, de los funcionarios de obras públicas, de los responsables de adquisiciones, de los dos órdenes de gobierno locales, sin que les toquen con la molestia de una observación resarcitoria.
Es de esperarse que los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura mediante las acciones del OFS profundicen y den puntuales resultados a la sociedad en materia de transparencia y fiscalización de los recursos públicos.
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