• Aprueban prescripción del peculado

• Perdón para el funcionario ladrón

Tristeza, dolor, impotencia es lo que genera en los abogados y jurisperitos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;  uno a uno están desmantelando los ladrillos del edificio del cuerpo jurídico que tenía esta nación; con supina ignorancia, las ministras y ministros del acordeón aprueban y promueven resolutivos que atentan en contra del canon del derecho judicial, destruídas las cláusulas pétreas de la Carta Magna ahora aprueban cualquier barbaridad, una verdadera ordalía judicial es la que padecemos.

Primero violaron un principio toral del derecho judicial, se fueron en contra de la cosa juzgada, reviviendo juicios en contra de adversarios ya ganados hace lustros; quieren –con inauditos y aldeanos argumentos- gravar las herencias, cuando este dinero acumulado de los legadores ya pagó sus impuestos al ser adquirido.

Y ahora la última perla, resuelven –un caso del congreso de Colima- que el peculado prescribe; es decir lo que estaba establecido como imprescriptible, dada la naturaleza del delito, un funcionario ladrón que dispone de los recursos públicos, se esconde unos años y se queda impunemente con lo robado y su responsabilidad penal se extingue.

La figura de la prescripción de los delitos establece el límite temporal en el que el Estado pierde su facultad para perseguir un hecho delictivo y sancionar al responsable. Su filosofía se fundamenta en garantizar la seguridad jurídica, equilibrar el poder punitivo del Estado frente al derecho a la defensa y reconocer la pérdida de utilidad de la pena con el paso del tiempo.

Es entendible cuando se trata de delitos del orden común, ya que los ciudadanos no pueden vivir bajo la amenaza eterna de una persecución penal. El paso del tiempo borra la alarma social generada por el delito y devuelve la estabilidad a la comunidad.

Es una garantía de defensa –es un olvido judicial- ya que con el transcurso de los años, las pruebas desaparecen, los testigos olvidan detalles y la presunción de inocencia se vuelve más difícil de defender de manera justa. La prescripción evita condenas basadas en pruebas viciadas o insuficientes; poniendo un límite al poder del Estado, pues la prescripción es el mecanismo que castiga la inactividad del Estado, ya que si el aparato judicial no fue capaz de investigar y sancionar en un plazo razonable, caduca su derecho a ejercer el castigo.

Pero existe una excepción a la regla, ya que existen delitos imprescriptibles, pues la filosofía de la prescripción no es absoluta, puesto que  en el derecho moderno, ciertos crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, la tortura, o en algunos ordenamientos como en México, delitos graves contra el libre desarrollo de la personalidad y delitos de corrupción –como el peculado-, son imprescriptibles.

Esta imprescriptibilidad se fundamenta en la justicia material y los derechos humanos, pues la gravedad extrema de estos delitos conmociona a toda la humanidad y no admite el «olvido social», esta figura de excepción prioriza la dignidad de las víctimas y el derecho a la verdad y reparación por encima del paso del tiempo.

Ahora los y las ignorantes ministros del acordeón del tribunal máximo del país borran el peculado del catálogo de delitos imprescriptibles.

Mientras que en Nayarit, persiguiendo a los emisarios del pasado, la fiscalía acuñó un nuevo término para evitar la prescripción de delitos patrimoniales –“delito continuado”- los ministros del acordeón facilitan la vida de sus funcionarios corruptos; cada burrada nueva que cometen sorprende a estudiosos y a la comunidad jurídica,  pensando en que no podrán ir ya más lejos, y de nuevo aparece una nueva barbaridad, producto de la miseria moral y cultural de los ministros del acordeón.

La kakistocracia en pleno..!

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