• Difícil que cumpla su término legal

• Todos los gobiernos buscan seguridad transexenal

El nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit ASEN es Alonso Ramírez Pimentel; fue elegido por el Congreso del Estado el pasado 23 de julio de 2026. Su cargo, -conforme la ley orgánica que rige al poder legislativo- tiene un término de ocho años; empero, al igual que todos sus antecesores ninguno que recuerde el escriba ha concluido felizmente el término para el que fue designado; y es explicable a la luz de la antropofagia política que ha caracterizado al sistema político mexicano.

Para modernizar el Estado mexicano y sus entidades federativas, luego de la firma del TLC entre USA, Canadá y México recibe presiones para actualizar no solo su cuerpo jurídico y judicial, también implica la fiscalización gubernamental que no se crea para atrapar al funcionario ratero y corrupto, sino para vigilar el correcto manejo de los fondos públicos.

La fiscalización gubernamental es el proceso mediante el cual se revisa, audita y evalúa la gestión pública para garantizar que los recursos del Estado se utilicen de forma legal, honesta y eficiente; y el control de los recursos públicos es tan antiguo como las primeras civilizaciones estructuradas.

Los bienes jurídicos que protege la fiscalización gubernamental se fundamentan en principios éticos, políticos y jurídicos que justifican la existencia del control sobre el poder.

En un Estado democrático el gobierno no es dueño del dinero público, sino su administrador, la ciudadanía delega su confianza en los gobernantes, y la fiscalización es el mecanismo para verificar que esa confianza no haya sido traicionada. De ahí que la primera de las obligaciones  de los gobernantes es informar, justificar y responder por sus decisiones y por el uso de los fondos públicos ante los gobernados.

Desde que se estableció la fiscalización superior en manos del legislativo se fijó un término transexenal, para que el gobernante que sucede al que termina, tenga  un enclave transexenal que implica un manto de protección con este funcionario; y así lo han entendido todos los gobernadores, y por eso los dejan un año o dos y luego inexplicablemente renuncian, dejando al gobernante de nombrar a un nuevo auditor para que su nombramiento tenga un lapso transexenal.

Me pregunto, porqué en todas las fotografías de las audiencias previas y de su toma de protesta el letrado Alfonso Ramírez Pimentel tiene esa expresión taciturna en su rostro, pareciera que lo mandaron sin que estuviera convencido de ir a tan jugoso puesto; cualquiera Abogado o Contador que es nombrado auditor superior de la ASEN,  estaría contento con el panorama inmediato con que se va a encontrar, sus gananciales le van a llegar solitas, no necesita chantajear a ningún presidente municipal para que vaya a su oficina a arreglar sus observaciones resarcitorias.

Los ediles que se mandan con la cuchara grande lo buscarán al término de la fiscalización anual; y entrando el nuevo gobierno ya tendrá tiempo para revisar sus lealtades, porque aunque sea del mismo partido el próximo titular del ejecutivo, sin duda van a renunciar toda la herencia de funcionarios que le están dejando, quienes suponen que dejar incondicionales en puestos clave como en la FGE o en la ASEN,  les van a proporcionar seguridades judiciales…

Los conflictos sucesorios de gobernantes en México, son luchas intestinas, se arreglan incluso al estilo siciliano.

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