El Congreso de la Unión arrancó la LXVI Legislatura con reformas clave impulsadas por la Presidenta Sheinbaum sobre feminicidio, reconocimiento indígena y bienestar animal.

El Congreso de la Unión inició el último año de la LXVI Legislatura con una agenda marcada por las prioridades de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien busca sacar adelante en los próximos meses un amplio paquete de reformas en materia de combate a la corrupción, justicia, salud, medio ambiente, comercio y derechos de las mujeres, mientras diputados y senadores cargan todavía con leyes secundarias y reglamentarias que quedaron pendientes desde reformas constitucionales aprobadas incluso al inicio del sexenio.

Entre los asuntos que el Gobierno federal colocó al frente de su agenda se encuentran la Ley General en materia de Feminicidio, nuevas disposiciones derivadas de la Reforma Judicial, modificaciones vinculadas con el T-MEC en propiedad industrial, derechos de autor e inversión extranjera, así como un paquete anticorrupción que contempla cambios a una veintena de ordenamientos. A ello se suman reformas para fortalecer al IMSS-Bienestar, cambios en justicia familiar y procedimientos penales, una nueva legislación ambiental y una modificación constitucional sobre los requisitos de nacionalidad para ocupar algunos de los principales cargos de elección popular.

Este jueves 4 de septiembre, al ser cuestionada sobre los pendientes legislativos para este periodo, la Presidenta Claudia Sheinbaum ahondó que ya envió la iniciativa para que “gobernadores y presidente de la República, o presidenta, o gobernadores solamente puedan tener una nacionalidad”, una propuesta que defendió, luego de que la misma ha sido calificada por presuntamente despojar de “derechos políticos” a los aspirantes a estos cargos de elección popular.

“Hay quien dice que ‘con esa iniciativa se quitan derechos políticos’. No. Se puede participar si se tiene doble nacionalidad, solamente que hay que renunciar a la otra y solamente ser mexicano. Fíjense qué importante es esto: cuando se tiene doble nacionalidad, se jura lealtad a un país y a otro, puedes tener triple nacionalidad incluso; entonces, juras lealtad como persona a los tres países. Está muy bien”, destacó”

“Y un mexicano, una mexicana puede tener dos, tres, cuatro nacionalidades, no hay ningún problema en eso. El problema es si quieres ser Presidente de la República, ¿a quién le juras lealtad, a un país o a dos?”, añadió. “Porque si juras lealtad a dos países, pues entonces, ¿dónde queda tu lealtad ante el pueblo que diriges o que coordinas o que pretendes representar?”, cuestionó la Presidenta de México.

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que la iniciativa para prohibir la doble nacionalidad en futuros presidentes y gobernadores busca evitar el injerencismo. También recordó que otro de los pendientes es la iniciativa de la Ley General para Atender el Feminicidio, que junto con la de Nacionalidad, ya fueron turnadas al Congreso de la Unión, así como otras en materia Económica. “Esas dos Iniciativas están ya en el Congreso y algunas otras que se enviaron que tienen que ver con temas económicos”, reiteró.

“La Iniciativa de la Ley General para Atender el Feminicidio, que queremos —como saben— que se investigue en todo el país de manera similar y que todos los Ministerios Públicos se comporten de manera similar y utilicen los mismos mecanismos cuando se investiga un feminicidio o la muerte violenta de una mujer”, dijo sobre la propuesta de la Ley General para Atender el Feminicidio.

Asimismo, recordó que el próximo martes “se envía todo el Paquete Económico, que van a ser incluso más leyes de las que de por sí se envía, que ya las vamos a explicar el 9 de septiembre, un día después de que se entregue el Paquete vamos a explicar en qué consiste todo el Paquete Económico”, dijo la mandataria federal, quien adelantó que poco a poco se irán presentando más iniciativas, entre ellas, la Ley General del Equilibrio Ecológico. “Esas son las que hemos enviado y hay algunas otras que vamos a enviar”, concluyó.

Días antes, en la quinta Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, celebrada el pasado 30 de agosto, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, dio a conocer las prioridades legislativas de la presidencia, de las que destacó el Paquete Económico 2027, al señalar que se trata de un aspecto fundamental, ya que de este depende el proyecto de transformación nacional, debido que son estos recursos los que permiten garantizar que se puedan cumplir con los programas de bienestar social y los proyectos en el ámbito de salud, agua, energía e infraestructura ferroviaria que se tienen contemplados.

“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser Presidente o Presidenta de la República, Gobernador o Gobernadora, Jefe o Jefa de Gobierno deba ser sólo mexicana, no tener ninguna otra nacionalidad, ni haberla obtenido por ser hijo o hija de algún padre o madre, porque así dice la Constitución, o tenerla por otra razón”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo recordó que actualmente en la Carta Magna no queda claro que las y los aspirantes a alguno de estos cargos públicos necesiten renunciar a su otra nacionalidad antes de convertirse en candidatos, por lo que ahora propone «que una vez que se inscriban -que es el momento en que desean ser Presidenta o Presidente, o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República-, deben renunciar a otra ciudadanía si es que la tienen y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana para garantizar que el interés de la Nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado o Nación del mundo».

Desde Palacio Nacional, destacó que lo importante es que un Gobernador, una Gobernadora, un Presidente o una Presidenta garanticen «el interés supremo del bienestar del pueblo y de la Nación», ya que «cuando se tiene doble nacionalidad, un Gobernador con doble nacionalidad tiene dos intereses, es ciudadano de dos naciones distintas y al ser ciudadano de dos países distintos, no está claro que su interés supremo sea el interés nacional». «Y frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos», señaló.

Ley General de Feminicidio

La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio se suma a estos pendientes legislativos. El pasado mes de julio, la Presidenta Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa al respecto cuyo objetivo es establecer un castigo severo que va desde los 50 hasta los 70 años de cárcel para quien le quite la vida a una mujer por razones de género. Además, la propuesta contempla homologar los protocolos de investigación y las sanciones por feminicidio en las 32 entidades federativas.

También busca imponer sanciones severas, incluso en el grado de tentativa; así como incluir 19 agravantes que supongan una mayor violencia de género en la comisión de este delito. Dichas agravantes se traducirán en mayores penas si las víctimas de ese delito son niñas, adolescentes, mujeres mayores o si viven con alguna discapacidad u otro elemento de vulnerabilidad, mujeres embarazadas, periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes.

En la exposición de motivos de la iniciativa —la cual será analizada a partir del próximo periodo ordinario de sesiones que acaba de iniciar este mes de septiembre— se expone que “la violencia feminicida constituye una de las manifestaciones más graves de violaciones a los derechos humanos de las mujeres de México y en la región de Latinoamérica”.

Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

En junio, el Comité Técnico Asesor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), encargado de elaborar la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, celebró su octava sesión de trabajo, cuyo objetivo fue el avance en la revisión del proyecto normativo que busca garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de estas comunidades en el país. Durante la sesión, representantes del Gobierno federal delinearon los pasos a seguir para la construcción de la Ley que beneficiará a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Con estos antecedentes, el pasado mes de agosto, el INPI, junto al Gobierno de México, dio inicio a la Consulta nacional sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual se fundamenta en la reforma al Artículo 2° constitucional del 30 de septiembre de 2024, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con derecho a la libre determinación y autonomía. La futura ley general buscará desarrollar estos mandatos en ámbitos como sistemas de gobierno, tierras y territorios, patrimonio cultural y consultas previas, libres e informadas.

Este 28 de agosto, el IMPI dio a conocer que autoridades y representantes de los pueblos Nahua, Ñuu Savi, Me’phaa, Otomí, Tepehua y Pame (Xi’iuy) participaron en seis sedes simultáneas en Guerrero, Querétaro e Hidalgo como parte del proceso de diálogo y consulta sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el objetivo de analizar y enriquecer el nuevo marco normativo que busca garantizar los derechos de los pueblos originarios. El ejercicio se realizó bajo el principio de que “con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.

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