• En lo jurídico, en lo social

• Evitar la satanización por malas prácticas

En el decurso de esta administración gubernamental, apareció un gremio que ha tenido focalización en los actos político jurídicos de reivindicación de Miguel Ángel; con una rijosidad nunca antes vista, la fiscalía general del Estado y la dirección del Notariado se convirtieron en las entidades de las cuales dimanaban las querellas en contra de un buen número de fedatarios.

Con algo de licencia en la procuración y administración de los casos penales, el deterioro del  gremio fue mayúsculo; ya que las instituciones financieras dejaron prácticamente de operar con los notarios de la entidad y algunos del vecino estado de Jalisco.

A la distancia de estos pocos años, del singular sexenio del pugüeño, recuperados del clima de difamación y desprestigio –en ocasiones inmerecido- el gremio notarial de Nayarit se enfrenta cotidianamente a recuperar con sus actos fedatarios el reconocimiento y aprecio de la sociedad en el dinámico quehacer del mercado inmobiliario y de las decisiones testamentarias.

Recordemos que la función principal delegada a los notarios públicos por el Estado es la fe pública, lo cual les permite dotar de autenticidad, certeza y seguridad jurídica a los actos y hechos que los ciudadanos celebran ante ellos; por ende es que ningún notario o colegio de notarios se puede pelear o darle las contras a un gobernador.

Pero en el caso, este gobierno sí exigió rijosamente procedimientos judiciales en contra de algunos fedatarios, suspendiéndolos e incluso –justificadamente algunos casos- están en prisión por la ilicitud de sus acciones en el ejercicio de su fiat.

Lo que trajo en cascada el desprestigio de todo el gremio y  la difícil condición del Colegio de Notarios de Nayarit en su obligada y permanente  interlocución con el gobernante, ya que el notario no es un empleado común de la administración pública, sino un profesional del derecho al que el Estado a través del Ejecutivo le delega una patente que lo  habilita para ejercer esta función de orden e interés público.

Sin embargo, la obviedad de la real politik nos demuestra que los notarios deben de cuidar y entender la hegemonía gubernamental como si fuesen servidores públicos. Puesto que las motivaciones subjetivas en  el ejercicio del poder escapan en ocasiones de la racionalidad jurídica, generando un clima de incertidumbre en donde se imbrica la ética, la moral y la urbanidad política.

La tarea que tiene Rafael Pérez Cárdenas si sigue el frente del Colegio o quién le suceda, es que para recuperar el prestigio y la confianza ciudadana, el gremio de Notarios de Nayarit requiere una estrategia integral enfocada en la transparencia absoluta, la autorregulación ética y la modernización. 

Esta crisis de percepción social debido a las investigaciones y retiros de patentes por presuntos delitos de falsificación de documentos y fraudes inmobiliarios, en el marco del «Megaoperativo Nuevo Nayarit».

El Colegio de Notarios de Nayarit y sus integrantes pueden adoptar las siguientes medidas clave para resarcir su reputación y garantizar la certeza jurídica:

Tener un verdadero rigor ético y mecanismos de autorregulación; no sería mala idea de que el Colegio establezca una comisión independiente del gobierno estatal que evalúe las malas prácticas de manera oportuna, deslindándose activamente de aquellos miembros que incurran en ilegalidades.

Nadie como los propios notarios se conocen entre sí, y saben quién o quienes son los fedatarios venales que faltan a las normas legales y a la ética; por muy amigos que sean se impone la cero tolerancia, deben fomentar una cultura donde el propio colegio colabore en señalar las anomalías en folios o testimonios, protegiendo la integridad del protocolo notarial frente a la falsificación de firmas en hechos jurídicos irregulares e incluso inexistentes.

Digo…

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