• ¿Quiénes participaron en su redacción?

• ¿Invitaron a los Abogados litigantes..?

Por ahí hemos visto que está circulando un documento que envía el magistrado presidente Edgar Omar Salazar, denominado “Plan estratégico integral 2025-2028” y que el escriba no figura entre sus destinatarios, empero, siendo una  preocupación constante del gremio de letrados litigantes hoy nos permitimos incursionar en este delicado tema.

La administración de justicia es elemental, en sus funciones sustantivas solo existe una taxativa, aplicar la ley de la norma general al caso concreto; siendo una de las atribuciones más importantes del Estado, los poderes judiciales de las entidades siempre han sido en su inmensa mayoría entidades descuidadas por los gobernadores, que les escamotean recursos en el presupuesto para sus delicadas funciones.

El papel del Poder Judicial se define dentro de la división tripartita del Estado por sus dos funciones esenciales, garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones de la ciudadanía, y fungir como un contrapeso que delimite las acciones tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo en materia de reformas legislativas.

Sin embargo, la gravitación política que ejerce un gobernante en los  gobiernos consolidados, mantienen en un puño –sin autonomía presupuestal, ni independencia operativa- no solo al judicial, sino también al legislativo, que al menos en Nayarit se conserva como una simple oficina de trámites de Miguel Ángel cuyo dominio se expresa en la frase “no le cambien ni una coma..” que les dice cuando envía sus iniciativas de ley a quienes fungen como diputados presidente del Congreso local.

Este documento en su prólogo señala que:

“El Poder Judicial abrió sus puertas a la ciudadanía para construir de manera conjunta el Plan Estratégico Integral 2025–2028, mediante un Foro de Consulta Ciudadana que reunió a más de 500 personas entre integrantes del gremio jurídico, académicos, personal jurisdiccional y sociedad civil.”

“El ejercicio contó con la participación directa de alrededor de 100 personas, quienes aportaron sus ideas y propuestas a través de cuatro mesas temáticas.

La respuesta reflejó el interés de la ciudadanía en la mejora del sistema de justicia, así como la confianza y el compromiso con la construcción de espacios abiertos de participación y con la calidad en la impartición de justicia.

Con este foro, el Poder Judicial de Nayarit contribuye a la construcción participativa de políticas públicas en materia de justicia, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y la sociedad.”

El escriba no estuvo incluído en las cien personas convocadas; más adelante el texto señala que:

“el presente documento constituye el instrumento institucional de planeación que orienta el desarrollo, fortalecimiento y modernización de la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial. Su naturaleza es rectora e integradora, al establecer ejes estratégicos, líneas de acción y compromisos encaminados a garantizar una justicia accesible, eficiente, transparente y con enfoque de derechos humanos, promoviendo la mejora continua, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los fines constitucionales que sustenta la función judicial.”

De sus 78 páginas me llamó poderosamente la atención esta rimbombante declaración que justifica el manido proceso de los “jueces del acordeón” con los cuales se pretende justificar la cooptación del poder judicial a la hegemonía  política de los gobernadores de las entidades:

“El mandato democrático de las personas juzgadoras.

Por primera vez en la historia del Poder Judicial, gran parte de quienes integramos los órganos jurisdiccionales, accedimos a la responsabilidad institucional mediante un proceso de elección ciudadana celebrado en 2025 y cuya renovación total habrá de concretarse en 2028. Este nuevo modelo fortalece el vínculo entre la función judicial y la sociedad, y supone una responsabilidad renovada: ejercer la función jurisdiccional con apertura, cercanía, profesionalismo y un compromiso permanente de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Bajo esta exigencia se construye este Plan. Los compromisos se vinculan con metas, instancias responsables, plazos y mecanismos de seguimiento.”

Desde espacio felicitamos al magistrado Edgar Román Salazar, por la manufactura de su excelente catálogo de buenas intenciones; análisis y diagnósticos que no corresponden a la grave realidad que vivimos a diario en los juzgados, y que no menciona para nada la urgentísima necesidad de integrar nuestro corpus iuris a lo desfasado que está Nayarit con la implementación de toda la infraestructura material, administrativa, presupuestal y humana para la vigencia del Código  Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Mientras no se atiendan y corrijan los graves problemas estructurales, presupuesto adecuado, enormes dilaciones en la práctica judicial, mejora de instalaciones; jueces de control al servicio de la FGE, todo lo que se diga serán justificaciones estériles que caen por su propio peso.

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Contacto.- cronicaslip@gmail.com

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