• Aplazarán hasta 2030 la entrada en vigor

• Del Código nacional de procedimientos civiles y familiares

 

Desde hace algunos meses unos diputados del frente oficialista presentaron  cada cual un proyecto de reformas a los artículos transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; en la comisión de justicia de la Cámara de diputados federal, ya tienen listo el dictamen que unifica los proyectos presentados; y que cree usted ..?

Pues nada más ni nada menos estas reformas,  les permiten a los gobiernos de las entidades que han estado abúlicos y desdeñosos de cumplir con los plazos originales, con todo lo que establecen los transitorios, adaptar desde la carta local, los ordenamientos del poder judicial y de las fiscalías, y sobre todo de la estructura del poder judicial, para la vigencia plena de esta código que urge a la sociedad, a los justiciables y a los abogados litigantes.

Este, más que un problema de carencia de recursos, es un grave problema de falta de cultura política, de la incapacidad orgánica de los poderes legislativos y judiciales de la entidades omisas, de darse por enterados de las lamentables condiciones que prevalen y sufren a diario millones de mexicanos que tiene en Litis, asuntos sucesorios y civiles.

En estas iniciativas para reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares destaca la propuesta para ampliar el plazo de su entrada en vigor obligatoria.

El 29 de abril de 2026 Enrique Vázquez diputado de Morena presentó el proyecto de reformas; el 9 de septiembre de 2026, la diputada Magdalena del Socorro Núñez del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar los artículos transitorios del decreto del CNPCF.

La  fecha propuesta que salva a los gobiernos omisos, aplazando el plazo máximo para la entrada en vigor obligatoria del código a nivel federal y en las entidades federativas del 1 de abril de 2027 al 31 de enero de 2030.

El dictamen que conocimos, ya tiene la aprobación de la comisión de justicia y está en espera de que lo  programen para discutirlo en el pleno.

Estas dos iniciativas argumentan la falta de condiciones presupuestales, infraestructura tecnológica y capacitación suficiente en los poderes judiciales locales, además de los ajustes derivados de la reciente reforma judicial. Solo les faltó incluir la falta de sensibilidad política de los gobernadores que no responden a los reclamos de la comunidad judicial de sus entidades. 

Con esta inconstitucional mayoría que tienen en la cámara de diputados sin duda van a aprobar este dictamen, y la fecha límite vigente sigue siendo el 1 de abril de 2027, la  van a prorrogar tres años..! Tuvimos un sueño huajiro pensar que íbamos a  tener escenarios de práctica judicial  a la altura de los reclamos de la sociedad.

Hemos de ver si en estas fechas vamos  seguir siendo viables como país… 

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