• Diseñan el Plan estratégico

• Volver a sus funciones sustantivas

El día de ayer, los integrantes de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial aprobaron por unanimidad, en sesión pública conjunta  el acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Temporal responsable de proyectar el Plan Estratégico Integral del Poder Judicial del Estado de Nayarit 2025–2028.

La parte central de su acuerdo es ambiciosa, ya que esperan  contar con la participación real y efectiva de los órganos  del Poder Judicial, así como de todas aquellas personas interesadas en la mejora constante del sistema judicial, mediante mesas de trabajo, foros temáticos, consultas y recepción de propuestas.

Esto último es de llamar la atención ya que implica este aserto que las organizaciones de Abogados serán invitados a estas jornadas; ya que somos los Abogados litigantes los primeros que esperan la mejora de los servicios jurisdiccionales, en beneficio de los justiciables en ese inacabado afán de resolver los conflictos de interés que regula norma procesal  lo más apegado al derecho.

En estos meses de la presidencia de Edgar Román Salazar, el TSJ ha llevado a cabo una serie de acciones para que con la nueva estructura de gobierno interior y de administración sus integrantes se adecúen al trabajo cotidiano, tanto administrativo como jurisdiccional; son escenarios nuevos y aún no sabemos cómo gravita la hegemonía de la presidencia, si las dirigencias de las otras entidades son pares o se complementan en igualdad de circunstancias.

Prudente sería que estos afanes no les alejen de la función primordial del poder judicial cuyo objetivo central es la administración de justicia, la protección de los derechos de los ciudadanos y la salvaguarda de la Constitución estatal y federal dentro de su jurisdicción local.

Los jueces deben tener la capacidad  para resolver conflictos que son de competencia de las normas locales civiles, mercantiles, penales, familiares, y laborales; empero para esta delicada función requieren de la mínima infraestructura en personal e instalaciones; que hoy es el talón de Aquiles por la falta de presupuesto necesario para ello.

Pongo como ejemplo el Juzgado de primera instancia especializado en juicios sucesorios, con un espacio mínimo en el primer piso del edificio de la avenida México, muy incómodo para sus trabajadores y justiciables, ya que los cubículos son inviables para desarrollar las audiencias; además que algunos de sus empleados son inexpertos y no tienen en absoluto la clara percepción de que son servidores públicos y deben tener urbanidad para tratar a litigantes y justiciables.

Se entiende que le ponen imaginación para los retos que tienen y que son mayúsculos con las actuales servidumbres que padecen; exceso de burocracia administrativa y exiguo presupuesto.

De que sirve una planeación estratégica a largo plazo, si carecen de  recursos para alcanzar objetivos específicos; es menester que se percaten que su interdependencia con los otros poderes requiere una nueva interlocución y hacer énfasis en la imperiosa necesidad de elevar el porcentaje que del presupuesto de egresos del Estado que se les asigna  en el legislativo, llegue al mínimo del promedio que tienen los poderes judiciales de las entidades; hoy están en déficit.

En este tema se impone un verdadero estudio financiero y que las necesidades del poder judicial, se vuelvan prioritarias para los otros poderes; solo de esta manera podrían cumplir el compromiso de prodigarle a la sociedad una justicia moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

Si el poder legislativo es de total mansedumbre ante el ejecutivo; tiempo es                                                                                             que el poder judicial acredite su autonomía interior en la  obviedad de la interdependencia constitucional de los poderes locales.

 

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