• Delegada función del Estado
• Necesaria ética profesional
• En ciernes trascendentales cambios

México, por su conformación jurídico política, conforme a su naturaleza de Estado (hasta antes de que llegara Morena al poder absoluto) tiene la tradición latina de sus instituciones, entre ellas la del Notariado, que es una función fedataria que les delega el Estado a  su absoluto arbitrio, es decir, que cada gobernador de entidad en la república designa de manera unilateral a los titulares de las notarías que la sociedad requiere, dependiendo del número de habitantes y conforme a su legislación particular.

Una Notaría pública, con buenas relaciones en el mercado inmobiliario, capacitación profesional y sobre todo una ética a toda prueba de duda, es una empresa de jugosos dividendos para su titular y su familia; aunque esto último tiene sus matices en el Notariado de Nayarit.

La semana pasada, el Colegio de Notarios celebró su efeméride con una ceremonia en la cual reconoció a los y las notarios con 25, 30 y más años de ejercicio, y ahí entre los distinguidos con el reconocimiento que les entregó su presidente Rafael Pérez Cárdenas vimos a uno que otro que tiene bien ganada fama que en su notaría no hay problema alguno para cometer pecadillos venales en sus folios, de ésos que se aprovechan de personas ancianas e incapaces para que a sus parientes perversos les donen sus propiedades.

Estos casos que no son pocos, tienen enormes grados de dificultad para que a la postre se resuelvan incluso en los tribunales; por una singular condición, ningún notario de la entidad va a certificar algún documento en el cual se acuse a otro notario local, este pacto no escrito al estilo siciliano le representa a los litigantes enormes desventajas, ya que incluso se niegan a certificar hechos en dónde el gobierno estatal está cometiendo una arbitrariedad en contra de personas  que demanda trámites burocráticos.

El Fiat que les otorga el gobernante en turno, es ansiado con furor por los Abogados cercanos al poder; y los gobernadores en este ejercicio nombran a sus ex funcionarios al fin de su sexenio, y conforme a la humana naturaleza tenemos notarios buenos, algunos de excelencia, y otros muy torpes, deficientes en su función, y que algunos (como los nombrados en el cuatrienio pasado)  llevan a su función fedataria su deshonestidad, falta absoluta de ética, como la de hacer hablar y firmar a personas fallecidas.

En un par de ocasiones, por mi cercanía a dos gobernantes junto con un buen amigo ya ido, presionamos para destrabar el trámite atorado de la designación del codiciado Fiat, uno de ellos ni siquiera dijo “gracias”.

Empero tengo excelente amigos Notarios –amigos de verdad- y sin desdoro de algunos foráneos, puedo señalarlos que además de ser excelentes personas, en su función profesional son fedatarios de excelencia, y me refiero a Juan Antonio Echeagaray Becerra, Daniel Saucedo Berecochea y Eduardo Velázquez Gutiérrez, herederos de la prosapia de sus padres, a quienes conocí y que hoy honran el apellido que llevan, siendo ejemplo a su vez para sus hijos, que siguen en la misma ruta, a quienes también conozco y puedo afirmar que son muchachos extraordinarios.

Estas familias sin duda, dignifican la función Notarial en la entidad.

Y ahora en el horizonte de los estropicios que está haciendo Morena con las instituciones del Estado democrático de derecho, aparece un proyecto de Ley Nacional del Notariado que les quita las facultades a los gobernadores  para designar a sus notarios, propuesta por una senadora de Morena que les impondría honorarios con tasas inoperables; junto al proyecto de la  presidencia de la república que pretende desaparecer la función notarial delegada, para quedar solo en manos del Estado.

Imaginemos la corrupción consustancial de todo lo que toca Morena; el futuro del notariado mexicano tiene negros nubarrones…

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