• Fallido experimento la reforma

• México en la picota del descrédito internacional

Bastantes ejemplos hemos visto del resultado tragicómico que resultó la reforma judicial, generada por un capricho de venganza y bajo la puerilidad extrema de la rupestre concepción de Estado del ex presidente López Obrador; tanto en los poderes judiciales estatales como en las sesiones públicas del pleno de la SCJN, sus actuaciones y resolutivos son de un patético impacto en el decurso de la administración de justicia y su corolario mediático.

La experiencia mexicana al haber implementado unas elecciones con toda la serie de manipulaciones y limitantes que hicieron con los acordeones, fue un modelo sin precedentes, inaudito, ya que  someter a votación popular la selección de jueces, magistraturas y ministros destruyó el sistema de designación basado en mérito y profesionalización, y lo reemplazó por un esquema en el que la legitimidad depende de la popularidad, sometiendo así la independencia judicial a la servidumbre del poder ejecutivo.

Vergüenza y pena ajena en todo Abogado que se precie de serlo es escuchar los dislates de las ministras Lenia Bartres quien con 79 asesores no ata ni desata a leer de manera lógica las notas que le redactan  y la  boruca que hay en la cabeza de la ministra de la Corte, Estela Ríos, a propósito de lo que ella piensa y despiensa del derecho a la propiedad.

El que escribe fue maestro de lagunas materias de Derecho y ni el más lerdo de mis estudiantes fue capaz de expresar tamaña idiocia sobre el derecho de propiedad que es el poder jurídico directo y pleno que una persona ejerce sobre un bien -mueble o inmueble- para usar, disfrutar y disponer de él, respetando las limitaciones legales.

Lo estudiamos en el derecho romano, su titular ejerce sus facultades sobre la cosa sin necesidad de intermediarios  ius utendi, fruendi, abutendi en la propiedad; y tiene el efecto Erga Omnes, es decir el derecho de propiedad se mantiene frente a cualquier persona que perturbe el goce de la cosa, no contra un individuo específico.

 México al transformar los tribunales como un laboratorio político sin la suficientes solvencia y capacitación profesional de sus juzgadores tiene hoy  consecuencias que se expresarán durante años. Hoy constatamos que la elección judicial no fortaleció la democracia constitucional  más bien, aceleró su deterioro institucional.

La comisión inter americana de derechos humanos ya admitió la demanda de los jueces y magistrados defenestrados  que alegan que la reforma viola derechos laborales y la independencia de los impartidores de justicia.

El Estado mexicano debe responder formalmente a la CIDH para justificar la reforma, enfrentando presión internacional sobre el despido de juzgadores y la elección popular de estos.

Si la CIDH determina violaciones, podría emitir recomendaciones o elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría llevar a condenas contra el Estado mexicano. Y mientras tanto los justiciables y Abogados litigantes pasan las de Caín ante la corrosión y desnaturalización del derecho y la práctica jurisdiccional.

Nos podemos seguir riendo de los dislates de Lenia Bartres o de la indigencia sintáctica de Estela Ríos, empero como lo señaló un destacado escritor mexicano en su revista Nexos,  “La estupidez institucional dura más que las risas que provoca..”

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