• Notarios en  juicio
• Vilipiendada profesión

En una sociedad como la nuestra, herederos de la tradición latina del derecho y las estructuras jurídico políticas de occidente, la figura del Notario público, un funcionario auxiliar del Estado, que tiene en su persona la delegación de las instituciones de gobierno para cumplir  con sus delicadas tareas de ser fedatario de actos y hechos jurídicos que son inherentes a los atributos de las personas y de sus contratos inmobiliarios.

Todas las normas, leyes y reglamentos que le dan origen y sustento a la actividad notarial, tiene como principios básicos un bagaje jurídico imbricado con ética, legalidad y respeto irrestricto al marco de derecho que nos rige. Ya que se mueve en la tenue línea gris de la ilegalidad en algunos de sus muchos actos de fe pública.

La ética y la legalidad del notario se rigen por principios fundamentales que garantizan la seguridad jurídica, la imparcialidad y la probidad. Los notarios deben actuar con honestidad, independencia, secreto profesional y dignidad, además de cumplir con las leyes y regulaciones que rigen su función. La legalidad implica que los notarios deben actuar estrictamente dentro de las leyes, rechazando actos de corrupción y asesorando a las partes de manera imparcial.

Así lo establece el imperativo legal, sin embargo, como cualquier disciplina legal, mucho tiene que ver la naturaleza particular de cada fedatario, y en función de su educación, formación, principios, cultura, en esa misma proporción será su conducta profesional.

Nayarit, se ha visto estremecido con las grandes acciones jurídico políticas que lleva a cabo el gobierno de Miguel Ángel, los ambiciosos objetivos del denominado “megaoperativo” Nayarit, para recuperar cientos de hectáreas de codiciados terrenos turísticos que fueron enajenadas indebidamente en las administraciones de Ney González y Roberto Sandoval, han sido un parte  aguas en las acciones punitivas de la Fiscalía General del Estado.

Se han puesto en tela de juicio un concepto de difícil concreción judicial, el supuesto de “delito continuado” que fue concebido con un poco de licencia jurisdiccional, para evitar la declaratoria de prescripción, que sigue planteando novedades judiciales y como en cascada ya que el derecho penal hoy, es el mejor instrumento del Estado para ejercer su hegemonía política.

Las recientes e impactantes detenciones de notarios públicos, hoy sujetos a proceso penal, son definitorias para el impacto mediático, sin embargo, el trabajo de la FGE será puesto a juicio en el proceso penal de cada uno de ellos, y es ahí en el drama procesal penal que veremos la procedencia o improcedencia del ejercicio de la acción punitiva.

Queda el escenario de resoluciones en la cancha del poder judicial que en estos casos deben acreditar, independencia y capacidad profesional sus jueces de control y de enjuiciamiento nos darán la verdad histórica de cada uno de los casos judicializados.

Con estos lances, una derivación del impacto mediático surge, existe transfondo de la especulación política en la sucesión gubernamental..?

En este espacio, no lo estimamos como veraz; es la  hegemonía en el ejercicio pleno del poder, que en este momento es actuante y totalitario.

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