• En desuso la legalidad estricta

• Desnaturalizada la justicia

México vive hoy un Estado de excepción; la CIDH ha intensificado la presión sobre México al dar un plazo de cuatro meses para responder a una petición presentada por 65 juzgadores, quienes alegan violaciones a derechos humanos y a la independencia judicial por la reciente reforma judicial, lo que podría derivar en una condena internacional. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha emitido una sentencia definitiva aún, pero sí admitió el recurso contra la reforma, colocando a México bajo un estricto escrutinio internacional por la posible inconvencionalidad de la reforma, es decir merced a los convenios firmados por el Estado mexicano, la sentencia es vinculante, lo que significa que se tiene que obedecer so pena de ser señalado México en el continente como un Estado fallido.

El caso podría elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que obligaría a México a modificar la reforma para cumplir con los estándares internacionales,  se ha violado el principio de legalidad y el imperio de la ley de forma absoluta, ya que constituyen la base del Estado de Derecho, donde el poder público está sometido rigurosamente a las normas jurídicas preestablecidas.

Esto, es lo que no han entendido en Morena y sus gobiernos puesto que desdeñan por ignorancia y aldeana cultura  la elemental concepción que implica que ningún acto de autoridad puede estar por encima de la ley y que la administración pública solo puede actuar si una norma la habilita expresamente. “No me vengan con que la Ley es la Ley” dixit AMLO.

Han modificado la Carta Magna y leyes secundarias bajo la estrechez de su visión autoritaria, al parecer no entienden que no entienden las funciones básicas de un Estado constitucional de derecho, todo lo chatarrizan.

A nivel estatal, recientemente la SCJN condenó al gobierno de Nayarit junto con los de Guerrero y Durango a modificar su carta local porque incurrieron en violaciones al mandato de la reforma constitucional, todo por no hacer la reforma judicial  local con los extremos legales, con un poder legislativo ignominiosamente sometido, cuyo diputado presidente manso y pusilámine –al igual de los diputados de las oposiciones- fueron incapaces de moverle una coma al manido proyecto que les envió el ejecutivo.

Y que ahora los jueces y magistrados que por medio del acordeón llegaron a ser juzgadores, tienen la ilegitimidad de origen, son “el fruto del árbol envenenado” ya que la fuente de la evidencia –la reforma judicial local- está  contaminada de inconstitucionalidad,  el fruto –los jueces y magistrados del acordeón- también lo están y ergo, sus sentencias están viciadas de ilegalidad de origen.

Menudo lío en que se encuentra el poder judicial local..! y ninguno de sus órganos que lo componen ha dicho ni pío sobre este resolutivo de la SCJN que mandó al bote de la basura la reforma judicial local; Edgar Román Salazar –magistrado presidente-  y muchachas  que le acompañan, ¿estarán esperando las instrucciones de Gabriel Camarena..? el avieso súper asesor jurídico de Miguel Ángel que ha metido en súper líos administrativos, jurídicos y políticos al gobierno del Estado.

Con este escenario se aprecia que la legalidad estricta está en desuso, ya que ésta, exige la aplicación literal y rigurosa de la ley sin interpretaciones analógicas, y ha perdido su fuerza debido a que la han sometido por la prevalencia de un proyecto político autoritario .

El modelo legalista ha perdido vigencia debido a que la interpretación política de los gobiernos de la 4T favorecen ampliamente su proyecto político, dejando en el desamparo a los justiciables y a la ciudadanía en general, porque todo este embrollo no es otra cosa que la desnaturalización de la justicia, ya que el Estado y el poder judicial no son ya su garante.

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