• Encubre la censura gubernamental

• Medida legal orwuelliana

La comisión reguladora de telecomunicaciones emitió hace unos días, la propuesta de profundizar en la vigilancia y control de las comunicaciones que se difunden por radio y televisión;  prohíben difundir información falsa o histórica como actual, exigen distinguir entre noticia y opinión, y obligan a tener códigos de ética. 

Este acto gubernamental de inmediato generó un generalizado  rechazo y la alerta de organizaciones y expertos que ocurre porque temen que el Estado use estas reglas para censurar la crítica y decidir qué es verdad o mentira.

Los principales lineamientos son: prohibir notas falsas, descontextualizadas o presentar datos viejos como nuevos. 

Marcar con avisos o pantallas la diferencia entre noticias, opiniones y publicidad.

Incluir subtítulos y lenguaje de señas en programas de mayor audiencia, y obligar a los medios a tener un código de ética y un defensor de las audiencias que reciba quejas.

Han surgido voces en todos los tonos, de los principales comunicadores de radio y TV puesto que los especialistas y defensores de derechos humanos señalan que el gobierno se otorga la facultad de juzgar la veracidad de la información.

Y si, subyace en este esquema el ataque a la libertad de expresión puesto que se considera que estas reglas pueden frenar el trabajo crítico de los medios y periodistas bajo el pretexto de proteger a la audiencia.

Es decir, el gobierno y la CRT se abrogan el derecho de los ciudadanos a quienes consideran como menores de edad y suponen que no saben discernir sobre la veracidad de notas o comentarios periodísticos; Orwell les aplaudiría.

Presidencia de la república, la CRT y sus voceros incondicionales  rechazan que sea censura y defienden que solo buscan garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

Empero, se ha dicho que ningún país del mundo civilizado tiene una reglamentación como la que se pretende imponer; y aunque la presidente Claudia Sheinbaum hace un par de días ha  puntualizado que estos lineamientos solo definen cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios, el tema sigue teniendo absoluto rechazo, incluyendo el de los diputados federales de sus aliados del PT.

El Estado no tiene derecho a pensar por sus gobernados..! En los sistemas democráticos y de derecho modernos, la legitimidad del Estado proviene del principio inverso: el gobierno se fundamenta en el consentimiento de los gobernados y su obligación principal es proteger la autonomía individual, no sustituirla.

La relación entre el pensamiento individual y el poder estatal se rige bajo los siguientes fundamentos jurídicos y filosóficos; la libertad de pensamiento, pues toda persona tiene la facultad absoluta de desarrollar, sostener y cambiar sus propias ideas o creencias sin coerción estatal. 

La libertad de expresión que está garantizada por nuestra carta magna y el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prohíbe explícitamente molestar a alguien a causa de sus opiniones. Esto es un tema de dignidad humana; ya que el libre albedrío y la conciencia son intrínsecos al ser humano; obligar a los ciudadanos a alinearse con ideologías oficiales se tipifica históricamente como tiranía.

Es prudente recordar que los ciudadanos delegan la administración pública y el orden legal a las instituciones, pero jamás ceden su criterio, razonamiento o valores éticos individuales.

En el caso, cuando un gobierno -como lo pretende hacer Morena- intenta decidir qué es lo correcto o incorrecto en el ámbito moral o intelectual de sus ciudadanos, incurre en regímenes autoritarios que violan el principio de autodeterminación de los ciudadanos.

¿Deveras esto quiere Morena y su gobierno..? Uff..!

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