• Disminuye la capacidad de respuesta del PJ

• Mayores dilaciones en la función jurisdiccional

Con todo el panorama nada optimista de aplicar la reforma judicial en el poder judicial local, aparecen ya las inconsecuencias de haber imitado de manera extralógica la reforma judicial del poder judicial de la federación, en el apartado de que desaparecen las salas en la SCJN y disminuyen sus integrantes, trabajarán en una sola sala plenaria.

En la reforma aprobada a nivel estatal, por igual, eliminan las salas unitarias, quedan los mismos 13 magistrados y serán cuatro salas, civil, penal, familiar y una mixta, esta remodelación se llevó a cabo sin un verdadero estudio de la incidencia de recursos de apelación en contra de autos e interlocutorias que son el 70 % y contra sentencias definitivas es el 30 %.

Una sala unitaria –la que mejor trabaja-  a cargo del magistrado Javier Rivera, resuelve tres a cuatro apelaciones por semana, empero, recibe diez a la semana para turno.

Existe una falta de definiciones en las reforma a su ley  orgánica, para establecer las competencias de la sala familiar que es la novedad, respecto de la mixta que conoce de adolescentes cuya demanda es menor a las unitarias. Esta condición de indefiniciones y actualización de la Ley Orgánica nos revela las incapacidades orgánicas de quienes están hoy al frente del TSJ, dado que su falta de experiencia en el derecho judicial y en la administración de los órganos de gobierno interior, mantiene desfasada la vacatio legis para la debida implementación de las reformas cuya vigencia ya es inminente el mes próximo.

Los diputados al aprobarla señalaron que “La reforma constitucional establece procesos democráticos que contribuirán a consolidar un Poder Judicial más transparente, adaptado a las necesidades de la sociedad; es decir garantizará una justicia al servicio del pueblo, con mayores mecanismos de control, profesionalización y equidad..”  ningún diputado es litigante su retórica es demagogia.

Y así, sacaron los nuevos jueces y magistrados del acordeón, en esa parodia que el régimen arguye que la elección fue un proceso democrático que “el pueblo” decidió.

Solamente los Abogados litigantes y sus justiciables conocemos a cabalidad que esta nueva reestructura del TSJ tendrá de inmediato una mayor dilación en la resolución de los recursos procesales y seguiremos con la consustancial precariedad de las funciones jurisdiccionales, que son una de las obligaciones fundamentales de todo gobierno.

Con honrosas excepciones tenemos jueces imperitos e inexpertos, que han adocenado la función jurisdiccional, haciendo por ejemplo del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, un verdadero híbrido y sin la implementación del Nuevo Código nacional de procedimientos civiles y familiares, Nayarit seguirá rezagado en el panorama nacional que enfrenta a nivel federal la incertidumbre de cómo se comportará un poder judicial de los acordeones que Morena instrumentó exitosamente.

 Si no existe una Suprema Corte independiente ni poderes judiciales estatales autónomos y capaces, nuestro país está acabado, entraríamos a una etapa de autoritarismo irremediable, en dónde los textos constitucionales serían letra muerta.

La presidente de la república debe acatar las sentencias de la Corte y del Tribunal Electoral; los gobernadores de los Estados -so pena de fincarles responsabilidades- deben acatar las sentencias de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito, de lo contrario se corre el riesgo de que ciudadanos desesperados y lacerados en sus derechos, ejerzan justicia por su propia mano.

Sería el caos y el desorden social, causado por las acciones y omisiones de un gobierno necio, obcecado y autoritario.

¿Este es el México que quieren…? Uff..!

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