• Anomalía constitucional

• Desde sus inicios

Lo creó y lo impuso el gobernador Roberto Gómez Reyes, en 1970 al inicio de su administración, el gravamen fue creado mediante decreto y legislación local para asegurar un flujo de recursos económicos destinados al sostenimiento de la entonces Universidad de Nayarit.

En 1996, se creó el Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la UAN, un organismo descentralizado encargado de concentrar los recursos. Con el tiempo, la tasa original del 10% aumentó al 12% y posteriormente llegó a cobrarse hasta un 15% en distintos ejercicios fiscales en los 20 municipios de Nayarit.

El dinero se recaudaba de manera simultánea cuando los ciudadanos realizaban trámites o pagos en las oficinas recaudadoras del estado o de los ayuntamientos. Se utilizaba exclusivamente para infraestructura universitaria, edificios, becas, laboratorios, deporte e investigación.

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN declaró la invalidez e inconstitucionalidad de este esquema de «impuesto sobre impuesto» por contravenir los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria; la última de estas sentencias fue promovida por el propio gobierno de la república, de manera unilateral, sin subsanar a la maltrecha UAN de otra alternativa para suplir estos recursos que  ya estaban etiquetados para infraestructura y el programa Delfín que beneficia  a miles de estudiantes.

En el decurso de estos años, se ha constatado que muchos presidentes municipales recaudaban el impuesto y no lo entregaron al patronato, millones de pesos se fueron a sus bolsillos; incluso hubo procesos penales en su contra.

Don Roberto Gómez Reyes más que economista tenía espíritu de profesor rural, en el gobierno federal le decían “el sable de oro” porque a todo secretario de Estado les sacaba algo para apoyar su gobierno; no tuvo colaboradores que le explicasen que la figura del impuesto era contrario a los principios constitucionales de los impuestos.

El que esto escribe en 1974 cuando llegué a su gobierno como asesor se los dije, que con un simple amparo lo podían echar abajo, y que era menester crear otra figura de la exacción fiscal para no ser objeto de una sentencia de amparo; les propuse otra figura de aportaciones o donaciones de los contribuyentes conforme a una reglamentación que se hiciera .

Recordemos que en México, los principios constitucionales de los impuestos están fundamentados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación de los mexicanos de «contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes».

De esta disposición y de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivan cuatro principios constitucionales principales:

Principio de Legalidad Nullum tributum sine lege; principio de proporcionalidad; principio de equidad; y el principio más olvidado, el de comodidad para el contribuyente. 

Todos los recursos que recaba el Estado por concepto de impuestos deben destinarse exclusivamente a satisfacer las necesidades colectivas y los servicios públicos (como salud, seguridad, infraestructura, educación), y no a fines particulares o arbitrarios. Como lo han malentendido algunos gobernadores.

Las fuentes de financiamiento de los tres órdenes de gobierno, además de impuestos son productos, aprovechamientos y para las entidades y municipios las participaciones; existen aportaciones y donaciones extraordinarias de los contribuyentes, y en éstas pudiese quedar la figura para no dejar desvalida a la UAN.

Peero para eso se ocupa tener diputados que ejerzan el oficio de pensar y que tengan –además de sensibilidad- margen de autonomía política independiente de la hegemonía autoritaria de Miguel Ángel; amén de un necesario programa de difusión fiscal que eduque e informe adecuadamente a los contribuyentes.

Este es un tema que requiere de mayor empatía de los universitarios, y voluntad política del gobernador;  por cierto la senadora Ivideliza Reyes ha sido la única que se ha pronunciado a favor de la UAN.

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