• Persisten dilaciones y cambios súbitos
• Nuevos organismos, nuevos improvisados
• Diputado presidente, ciego, sordo y mudo.

La reforma del poder judicial de Nayarit se imbricó en la parafernalia del proyecto presidencial, sin un verdadero estudio en el cual intervinieran los principales actores de las actividades jurisdiccionales, jueces, magistrados y sobre todo Abogados litigantes, quienes son los que reciben la pericia e impericia de las prácticas judiciales.

Los nuevos jueces y magistrados tienen el viso de ilegitimidad de origen, la burda maniobra de las listas que identificaron en los personajes favoritos del régimen para ocupar el 50 % de los puestos del poder judicial que se renovaron y que mediante el uso de los acordeones y la eficacia del consabido acarreo de su base electoral lograron que con un magro 12% de los votantes, concretar la inopinada reforma del poder judicial.

A medio año de su vigencia, el poder judicial de Nayarit no ha dado muestras de la eficacia de este inusual procedimiento en sus actividades cotidianas, sin bien es preciso reconocer el buen ánimo que le pone a sus acciones el magistrado presidente Edgar Román Salazar Carrillo, pese a que como letrado es consciente de la carga de ilegalidad de origen de esta etapa del poder judicial.
En el foro local persisten las apreciaciones de siempre sobre las enormes dilaciones en la administración de justicia, términos y fechas para las actuaciones judiciales que se alargan por meses y en la segunda instancia –ahora sin las salas unitarias- las apelaciones de todo tipo tienen colapsados los turnos para acuerdos y la resolución correspondiente.

Y algo inusual que como litigante lo he constatado en jueces y juezas de experiencia que en espera de su jubilación, ya perdieron el buen ánimo en su trabajo, se les ve cansados e impacientes en espera de lo desconocido de sus jubilaciones; de plano, algunos ya perdieron el sentido de pertenencia al poder judicial, que antes se llamaba “el amor a la camiseta”.

Si bien por el exiguo presupuesto y el excesivo –e innecesario- número de personal de confianza en el TSJ, burócratas que no sirven a los fines sustantivos del poder judicial, gente sin experiencia ni perfiles heredados de las dos presidencias anteriores, no se han dado los excesos ditirámbicos que ocurren en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos visto a los nuevos personajes que sin experiencia alguna ya ocupan los puestos del organigrama de los nuevo órganos del poder judicial local.

Ahora bien.., socialmente esta nueva etapa del poder judicial local, ha modificado, eficientando la práctica de la administración de justicia..? de ninguna manera, persisten los inveterados vicios y servidumbres heredadas; con el añadido de los jueces de consiga que la FGE tiene en sus manos, que ponen en tela de duda si tienen la suficiente independencia de criterio para resolver conforme a derecho.
Los centros de justicia penal foráneos dan cuenta de ello.

Y lo más grave que persiste en los ubicuos diputados locales con Salvador Castañeda como su pastor que ciegos, sordos y mudos no han actuado en lo mínimo para adecuar nuestro corpus juris a la impronta de la no lejana vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, constituyendo la más grave irresponsabilidad social y de abulia política legislativa que se tenga memoria en la historia reciente del Congreso del Estado.

Un estancamiento del poder judicial que significa retroceso en el avance de la sociedad, que atónita se enfrenta a estas precariedades estructurales.

La Reforma Judicial de Nayarit, no impulsada por organizaciones de la sociedad civil, no tuvo como objetivo salvaguardar la independencia judicial, fortalecer la profesionalización de la judicatura y preservar los contrapesos indispensables para el Estado de Derecho, en un contexto de crecientes riesgos para el sistema de justicia.

Fue todo lo contrario…

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