El terminajo es del dominio de los economistas, de los tecnócratas que llegaron desde los libros al poder; y durante el largo milenio del Pri en el gobierno de la república representó el ícono del dominio de la clase gobernante para mantener una política salarial cuyo mínimo se trocó en un factor de medida para todo y para un sinfín de variables económicas, financieras, laborales y un largo etcétera.
Luego de varias iniciativas, finalmente el legislador federal aprobó las modificaciones constitucionales, el dictamen sobre la desindexación del salario mínimo como unidad de referencia con la creación de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), que será otro factor de enorme conflictiva mientras se modifican decenas, cientos de normas reglamentarias y leyes de nuestro corpus iuris; y desde luego que legisladores y economistas lo conozcan y lo puedan operar en sustitución de la figura del salario mínimo.
Nuestros diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron por unanimidad la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta materia de desindexación del salario mínimo, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Esta minuta abordó desde distintos ángulos el problema del estancamiento de los salarios mínimos en el país y señala ser una nueva política pública para su recuperación; es decir cumplir con lo que establece el artículo 123 constitucional.
Los legisladores nayaritas ya analizada la minuta, dieron su voto afirmativo a la desindexación del salario mínimo para contribuir a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos a través de esta reforma que busca cimentar las bases de una nueva estructura para la valoración de los salarios mínimos, beneficiando así a la clase trabajadora.
De acuerdo al artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, misma que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos.
Una vez que los diputados hicieron su tarea en el trabajo de comisiones al haber aprobado este dictamen, será analizado en su momento en el pleno; y discutido para su eventual aprobación por los legisladores nayaritas que integran la XXXI legislatura que siguen actuando en sinergia con el congreso federal.
Y hablando del trabajo en comisiones, ¿en qué quedó la sanción al pérfido y corriente de Layín…? Digo, por aquellos de los trascendidos de las sesiones “privadas” que se han llevado a cabo recientemente…
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