¿Fueron las prisas..? el decreto que reforma y adiciona diversos artículos de nuestra Constitución política local, fue promulgado el 25 de septiembre; entraron en vigor el día 26 y con este nuevo marco legal, el viernes 28 del mismo mes, se eligió al magistrado Ismael González Parra, como el nuevo presidente del Tribunal de Justicia del Estado y del remodelado Concejo de la Judicatura del Estado de Nayarit.
Todo miel sobre hojuelas para los creadores de las reformas, solo que no se percataron de que dejaron un enorme vacío legal y administrativo en el nuevo esquema constitucional del poder judicial; en los 18 artículos transitorios, le dejaron una larga vacatio legis al poder ejecutivo y al propio congreso reformar.
180 días para que el congreso armonice todo el marco jurídico local a los términos de la reforma; 90 días para el gobernador y para la legislatura para que nombren a su representante que estará -conforme al nuevo diseño- en el nuevo Concejo de la Judicatura; y esto, desde ayer lo sabe Ismael González, hoy no tiene Concejo de la Judicatura el poder judicial de Nayarit.
Por las necesidades del calendario, es preciso contar con el Concejo de la Judicatura, para que apruebe el avance de gestión financiera que debe hacer cada trimestre el poder judicial; y algo fundamental para las funciones sustantivas, ya es el tiempo de elaborar y cabildear con el ejecutivo Toño Echevarría García, el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del TSJ del 2019, el cual, desde luego merced a su función orgánica, debe aprobar ¡precisamente..! el nuevo concejo de la judicatura, que, a la fecha no existe.
Si nos atenemos a los términos de la vacatio legis que establecen los transitorios del decreto, será hasta dentro de seis meses cuando el congreso pueda remodelar todo el corpus iuris a los términos de la reciente reforma; y los nombramientos de sus representantes al CEJ de los poderes ejecutivo y legislativo lo pueden hacer hasta el 26 de diciembre del presente año.
¿Y entonces…? Se impone un activo protagonismo del magistrado presidente, para que ya en control del poder judicial, le pida a Toño Echevarría, que pase de las rijosas palabras dichas en su toma de protesta, a los hechos, que imponen en chinga la instalación del CEJ, puesto que de lo contrario, se vulneran las funciones sustantivas del poder judicial y se puede generar un estado de irregularidad mayúscula, al no tener cumplidas las expectativas financieras del año que fenece y, sobre todo, no estar a tiempo el presupuesto de egresos del 2019 del poder judicial.
Que en última instancia quedaría a criterio de los diputados integrantes de las comisiones que son las responsables de asignar los presupuestos de egresos a los poderes estatales y a los ayuntamientos.
Tenemos que decirlo sin ambages: el poder judicial, quedó con este boquete legislativo en un perfecto estado de excepción..!
Que urge remediarlo…
Desde este espacio les sugerimos un adendum a la reforma, que acorte la vacatio legis y el magistrado presidente, en pleno ejercicio de sus funciones, realice un pleno de magistrados; ahí, acuerde lo conducente y les pida a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo que actúen en consecuencia..
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