Muchas han sido las argumentaciones que desde hace más de diez años refieren la pertinencia de la reforma al sistema penal mexicano; el nuevo, de corte acusatorio y oral, era menester con el carácter de urgente; sin embargo, pese a los dos lustros transcurridos a partir de la reforma, seguimos arrastrando disfunciones, yerros y notorias carencias.
En Nayarit, hemos participado desde antes de su implementación en el estudio, capacitación y difusión del nuevo sistema de justicia penal; las inercias de nuestro pasado reciente son aún determinantes para la adecuada práctica del procedimiento de corte acusatorio, agentes del Ministerio Público, peritos, y sobre todo policías municipales y ministeriales, son el factor precario para que este nuevo sistema marche conforme a sus tesis primigenias.
Según la filosofía jurídica subyacente en las reformas constitucionales y en los principios básicos del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen cuestiones fundamentales para la operación sustantiva del Estado en materia de perseguir delitos y dotarle a la sociedad de las seguridades jurídicas de un estado pleno de derecho; sin embargo, en el fuero federal y en el común, de continuo, la implementación de las carpetas de investigación no tienen la pulcritud que debieran.
Los agentes del MP de la Procuraduría General de la República, tienen invariablemente la actitud inquisidora, no respetan derechos fundamentales de los imputados y es norma común la vulneración de los principios del NSJP, de las disposiciones del CNPP; la policía federal sigue con el típico accionar autoritario, prepotente que avasalla derechos de los imputados.
Promover incidentes y juicios de amparo, no resuelven los problemas de los imputados, jueces de distrito, magistrados de tribunales unitarios son obsecuentes en las ilegalidades y se niegan reiteradamente en aplicar las bondades del sistema que son garantistas en grado extremos; para un fiscal federal, es usual mentir y exagerar en los hechos con que apoya una acusación; pese a que el CNPP le otorga la carga de la prueba, los defensores pasamos las de Caín para desmontar un procedimiento amañado.
Y eso sin contar con que algunos jueces de control, son torpes, tertejantes y limitados en sus resolutivos, del fuero federal y del fuero común.
Sin embargo, si este panorama es ominoso, lo grave está en las policías municipales y ministeriales del Estado; se supone que existe una “trilogía investigadora” MP´s, peritos y policía “científica” que es la responsable de la investigación inicial que le da sustento a las carpetas de investigación; sin embargo a la fecha casi todo lo que hacen agentes del MP ponen en duda el valor probatorio de las diligencias preliminares.
En la fase pre procesal de investigación del MP, sus agentes deben estar separados de las funciones judiciales, para desempeñar su papel en el procedimiento penal; sin embargo, tienen que actuar supliendo a las policías para integrar adecuadamente sus carpetas de investigación y ulterior judicialización.
¿Se cumplen las funciones de imparcialidad, firmeza, prontitud de respetar y proteger la dignidad humana..? salvaguardando los derechos humanos para asegurar un debido proceso…? Nó.
Salvo honrosas excepciones, en MP´s y jueces de control que son las menos, la vigencia del NSJP sigue sin cumplir sus extremos constitucionales.
Esta, es una tarea de romanos, no solo de la fiscalía general, del poder judicial y de las policías estatal y municipales; es tarea de la sociedad y de los Abogados; mientras no se socialicen los principios que le dan sustento, seguiremos en la hibridez de su práctica, lo cual es un elemento para enjuiciar su pertinencia y añorar las formas del antiguo sistema inquisitivo que se niega a irse en la conciencia de jueces, algunos MP´s y policías.
Urge un nuevo replanteamiento del Estado para perfeccionar su práctica.
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