Por Luis Ignacio Palacios
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Solo el poder judicial trabaja en el tema
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Imprescindible la participación de los 3 poderes
Apenas hace un par de días, solo en la red social de FB, se dio a conocer que “En compañía del Comité de Consolidación de los Sistemas de Oralidad, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, magistrada Aracely Avalos Lemus, recibió el proyecto de Plan Rector del Poder Judicial para la Implementación en Nayarit del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, elaborado tras varios meses de colaboración de un equipo multidisciplinario de servidoras y servidores judiciales, de operadores jurídicos de otras instituciones públicas, así como abogadas y abogados en el libre ejercicio de la profesión.
Al interior del Poder Judicial serán socializadas las propuestas del Plan tendiente a implementar con eficiencia y eficacia, dentro del plazo establecido a nivel federal, la nueva forma de impartir la justicia de las materias civil y familiar, que juntas representan el mayor número de asuntos de ingreso en juzgados de primera instancia.”
A reserva de que se haga público este documento, este plan rector solo ha sido conocido por el personal del TSJ y los supuestos participantes de “otras instituciones públicas..” que de entrada adolece de la difusión en medios, se estima que la dilecta magistrado presidente Ávalos Lemus, que la comunicación a la sociedad –a la que está obligada la institución que preside- no es necesaria, para ella, solo el FB es la única vía de acceso a sus productos comunicacionales.
Proyectiva de su perfil que se explica por su falta de experiencia como letrada y el natural desconocimiento del sistema político mexicano.
Consideramos prudente señalarle a quienes hoy componen el pleno del TSJ y del Concejo de la Judicatura, de que conformidad del esquema constitucional de los poderes estatales, ellos carecen de capacidad recaudatoria y en el ejercicio de su gasto existe un proceso que se inicia con el proyecto que deben enviar al poder ejecutivo, para que éste a su vez, lo remita al poder legislativo, el órgano constitucional responsable de elaborar los presupuestos de egresos de los tres poderes.
Una tarea de tal envergadura, la implementación del Código de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad, tiene plazos perentorios y conforme a lo dispuesto en los 20 numerales transitorios de tal ordenamiento, muchas entidades de la república –como la nuestra- se encuentran retrasadas en las primeras de sus obligaciones normativas.
Y lo anterior, es tarea de los tres poderes; y ahora que, dada la dependencia política –supeditación expresa- que el judicial y el legislativo tienen en este gobierno consolidado con Miguel Ángel Navarro, el hegemónico gobernante de los nayaritas, todo acto encaminado a la vigencia en la entidad del CNPCyF forzosa y necesariamente deberá de ser en bloque, por las elementales obviedades que implica el gasto millonario para la creación de salas y el reordenamiento de los juzgados de primera instancia que conocerán de esta materia.
Y para que no se afanen tanto en sus prolegómenos, pueden consultar el periódico oficial del gobierno del Estado de Nayarit, del 4 de diciembre del 2010, que publica el acuerdo de colaboración institucional de los tres poderes para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal; ahí está toda la logística de infraestructura, equipamiento, objetivos específicos, etc. No se necesita mucha ciencia para adaptarlo a la materia civil y familiar.
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