Por Luis Ignacio Palacios
- AMLO tardó 20 años, pero lo logró
- Recoger escombros del poder judicial
- Litigiosa tarea de Claudia Sheinbaum
Como si fuese un extranjero –y de buena fe- estuve atento escuchando el largo discurrir del sexto informe del presidente mexicano; haciendo un esfuerzo de no imbricar mi deformación intelectual, ni mis particulares concepciones de la política gubernamental; este hombre con esa voz tipluda, aguda, parecida a la del dictador español Francisco Franco, pese a sus naturales limitaciones, fue capaz de construir su narrativa, y lejos de aquel estertóreo grito “Al diablo con sus instituciones…!!” tuvo éxito, termina exultante, henchido de poder.
Lo logró..! destruye un Estado democrático de derecho y sienta las bases para la erección de un régimen de Estado autocrático, populista, concentrando el poder en uno solo; termina su sexenio con la puntilla al único poder que le puso un valladar a todas y cada una de sus acciones, por inconstitucionales, por el desaseo en los procesos legislativos.
Sin adversario al frente, entrega el poder a su pupila, ante el desconcierto y la inutilidad de las oposiciones –pusilámines- que no supieron o no pudieron levantar una contra argumentación a sus exageradas e inverosímiles argumentaciones de condena a todo lo hecho por los gobiernos anteriores.
Hemos sido testigos del quehacer político en su más descarnada e inaudita práctica, que no tuvo nada que ver con respeto al marco legal, a la ética, a la moral pública, a la congruencia. Morena y su diseño del nuevo régimen, la ambiciosa autodefinición de la “cuarta transformación” apabulla e impone, cuenta con los dos factores reales de poder más poderosos y actuantes: el narco y el ejército.
Sexto informe, deja un México muy diferente a como lo encontró, domina la mayoría de las entidades federativas, dividida la sociedad, atónita a las consecuencias de su inmovilidad y ante la profundidad de la reforma al poder judicial; con el apoyo de un ejército de desclasados protegidos por las pensiones del bienestar; será la mar de difícil construir una oposición congruente que logre el apoyo de la otra parte de la sociedad, que merced a su abulia, temor y abstencionismo electoral, posibilitó la entronización de AMLO y su partido.
Los legados de su herencia son exquisitos, todo el poder para una sola persona, cuya obsecuencia al maestro casi no levanta incógnitas, salvo por el vano intento de matizar un poco las prisas por la aprobación de la reforma al poder judicial, que a partir de ayer se puso litigiosa, ya que con un poco de licencia procesal, dos jueces de distrito en variada forma concedieron una suspensión provisional en contra del proceso legislativo de la reforma al poder judicial.
Morena con la super mayoría de sus diputados va a fracturar desde sus cimientos al poder judicial; será la transformación más radical que haya tenido y va a cambiar su independencia interna, independencia externa, imparcialidad y profesionalismo.
Violando derechos adquiridos de los trabajadores del poder judicial federal, al destruir la carrera judicial y sustituírla por la elección popular.
Septiembre será de crisis judicial, por el mandato de las dos suspensiones provisionales otorgadas por un juez de distrito de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y una jueza de Morelos para detener la fase final del proceso legislativo de la reforma al poder judicial.
En el incidente de suspensión del Amparo 1190/2024-XVI otorgada por el Juez de Distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el treinta de agosto de dos mil veinticuatro, el texto señala:
“En consecuencia, como quedó establecido en páginas anteriores, resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a fin de que las autoridades responsables que constituyen el Congreso de la Unión, esto es, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen con el proceso legislativo y en el caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional que constituye la raíz del acto reclamado, se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva.”
Por otro lado, la segunda suspensión también se otorgó de manera provisional a favor de varios juzgadores, con un criterio similar al anteriormente expuesto.
En este caso, la jueza Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Morelos, determinó que la suspensión resulta procedente porque “la anterior legislatura no puede aprobar una iniciativa de reforma Constitucional para que una nueva composición de la legislatura la apruebe”.
Por ende, la togada ordenó que el proyecto de reforma no sea “discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”.
Y desde luego el inefable catedrático del doctorado de Derecho de la UNAM Ricardo Monreal ya declaró el sábado y ayer que no se van a someter a los dictados de los jueces de distrito (no entiende que el resolutivo del juez invoca la “apariencia del buen derecho y peligro de la demora”) espetó que “estas resoluciones invaden facultades del legislativo y constituyen una violación flagrante a la Constitución”
Hemos de ver si el desacato se lleva a la fiscalía general de la república para proceder en consecuencia y aplicar la fracción III el artículo 262 de la Ley de Amparo vigente.
De las numerosas voces que han expresado la consecuencia de las inauditas medidas gubernamentales, me quedo con este augurio:
“Hay otros obstáculos que desaparecerán, pero el judicial es un terremoto y más vale comprender el nuevo mundo mexicano y, de manera urgente, los desafíos inmediatos del nuevo régimen. El gobierno de Claudia Sheinbaum será responsable de la remoción de escombros, de la logística para la elección, del estancamiento del trabajo presente de los jueces federales y del riesgo que supone el paro judicial.” * (Isabelle Arroyo -politóloga)
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