- Se hace jurisdicción en una materia no recurrida en la entidad
- Cubren los magistrados del TSJ el amplio espectro de protección de bienes jurídicos
Para los puristas adoradores del Estado nacional, les resulta extraño sólo en apariencia, si aceptamos que las Constituciones de los estados forman parte de la Constitución global o total del Estado o, si se prefiere con terminología menos holística, que se integran al bloque de constitucionalidad, como lo hacen -por ejemplo- los estatutos autonómicos en el Estado español.
Al reconocer la dinámica actual de fortalecimiento de sus funciones sustantivas como se ha hecho últimamente, que los estados de la Unión tienen derecho a controlar la regularidad constitucional dentro de sus ordenamientos locales (y siempre con respecto a la Constitución estatal de que se trate), implica aceptar por un lado la característica normativa de sus textos constitucionales y, por el otro, la existencia de un orden propio y exclusivo en el que la Federación en cuanto tal no tiene por qué entrometerse.
De ahí que hoy se conoce la forma en que se hace jurisdicción en esta materia en el poder judicial de Nayarit, así, ayer sesionó Sala Constitucional del TSJ para resolver nueve juicios de protección de derechos fundamentales y tres recursos de reclamación.
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, que preside el magistrado Ismael González Parra, celebró este jueves su segunda sesión del presente ejercicio y resolvió doce asuntos, de los cuales nueve son juicios de protección de derechos fundamentales y tres recursos de reclamación.
Los cinco integrantes de la Sala sesionaron con respeto a las disposiciones de sana distancia y en atención al punto Décimo Segundo del Acuerdo 06/2020 de los Plenos del Tribunal Superior y el Consejo de la Judicatura, en el cual se dispone que «los órganos jurisdiccionales tanto de primera como de segunda instancia desarrollarán sus funciones a puerta cerrada, con la estricta finalidad de continuar y no interrumpir el buen despacho de los asuntos, de conformidad a lo establecido en dicho Acuerdo, debiendo emitir los acuerdos, resoluciones o sentencias pendientes, las cuales deberán ser notificadas por medios electrónicos –correo electrónico previamente proporcionado en autos– sin que corran los términos procesales».
En forma unánime, la Sala Constitucional acordó en tres de los doce asuntos de esta fecha conceder la protección de la justicia constitucional local a los promoventes y brindarles certeza jurídica en los respectivos trámites ante Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, un par de ellos correspondientes a la materia civil y el otro a la materia penal.
En los asuntos restantes se confirmó el acto reclamado o se declaró improcedente el juicio planteado y por tanto se decretó su sobreseimiento.
Durante la sesión se analizaron y resolvieron expedientes, tres al magistrado José Alfredo Becerra Anzaldo, igual número al magistrado César Octavio García Torres y dos al magistrado Benito Luciano Solís Ortega.
El Secretario de Acuerdos, licenciado Óscar Gutiérrez Agüero, asistió a quienes integran la Sala Constitucional en la sesión efectuada en el salón de plenos «Prisciliano Sánchez Padilla».
