En la sesión pública ordinaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit que se celebró ayer, de las 62 resoluciones emitidas, se apreció el estilo y la formación jurídica de sus dos nuevos magistrados integrantes, José Alfredo Becerra Anzaldo y Francisco Javier Rivera Casillas, quienes en unión del presidente de la misma Thoth Aldrin Lomelí, llevaron a cabo un detallado análisis de los resolutivos judiciales.
En esta segunda instancia, en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales resolvieron confirmar 49 de las sentencias apeladas, modificaron tres y revocar cinco, dictadas por jueces de primera instancia.
Se destaca de estas resoluciones una, la que determinaron que una sentencia de primera instancia fuera declarada insubsistente por irregularidades en los procesos a cargo de los juzgados de origen y otra se declaró francamente improcedente; en otros tres casos los magistrados resolvieron reponer el procedimiento de primera instancia.
Es decir, el poder judicial, las salas como tribunal de alzada, está haciendo su chamba de manera perfectible; es el signo de los tiempos en que este órgano colegiado se fortalece con la llegada de los nuevos letrados, que implica su presencia el avance sustancial de las prácticas judiciales.
De esta manera con sus resoluciones, los magistrados giraron doce oficios para la liberación inmediata de personas privadas de su libertas, recluidas en virtud de los procesos penales a que estaban sometidas; y ocho oficios de libertad administrativa en beneficio de sentenciados que se encontraban libres bajo fianza; y ratificaron los oficios que en el mismo sentido habían girado jueces de primera instancia.
También remitieron un oficio a la autoridad correspondiente para el retiro de licencia para conducir a un procesado por la comisión de delitos de tránsito.
Veinticinco de las resoluciones de los magistrados se relacionan con procesos por la comisión del delito de robo calificado, doce por delitos contra la salud, cuatro con lesiones simples y tres por cada uno de los siguientes ilícitos: falsificación de documentos, portación de arma prohibida y daño en propiedad ajena culposo. Dos resoluciones se asocian con usurpación de funciones.
Helos ahí, José Alfredo y Javier, iniciando su patrimonio en la judicatura local.
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