En Nayarit, a escasas semanas de haber tomado posesión como gobernador de la entidad, Roberto Sandoval demostró una excelente disposición para iniciar con el grave atraso que implicó la ignorancia y el desdén el mandatario anterior, las arduas tareas para implementar en nuestro sistema de procuración y administración de justicia, las reformas constitucionales que implantan en el país, el nuevo sistema de justicia penal, NSJP.
Se creó la comisión tripartita para tal motivo, la cual ha trabajado de manera sigilosa y perfectible; recientemente, se tuvo la visita de María de los Angeles Fromow, la titular de la Setec, para evaluar los avances obtenidos en estos dos años; se ratifica al ahora magistrado del TSJ Miguel Ahumada como secretario técnico de la comisión; y Roberto, con ese optimismo que le caracteriza, echó el reto, dijo: a finales de este 2014, ya deberemos tener justicia penal bajo el nuevo sistema.
Y para demostrarlo, en el ámbito de sus responsabilidades ha enviado ya dos proyectos de ley, para crear las normas secundarias que el nuevo sistema implica; uno, Nueva Ley de Defensoría Publica para el Estado, indispensable para el nuevo sistema, con esta Ley no solo se pretende prestar el servicio de defensoría pública penal también se busca apoyar aquellas personas que por su condición particular no estén en condiciones de hacer frente a un proceso judicial, patrocinándolos y asesorándolos en los juicios de materias civil, familiar, administrativo y mercantil.
Y dos, la Nueva Ley de atención a víctimas del delito, con esta iniciativa, se reconocen los derechos mínimos fundamentales de la víctima u ofendido dentro y fuera del proceso penal y se establece como derecho innato de este sujeto procesal la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa a través de la conciliación o mediación, se trata de resolver los conflictos de una manera pronta y expedita y siempre con la correspondiente reparación del daño a entera satisfacción de la víctima.
El gobernante de los nayaritas actúa con la potestad política requerida de transcendencia histórica y se convierte en el gran reformador de la entidad.
A LO QUE NOS ENFRENTAREMOS
Se está implementando para México, un nuevo modelo de justicia penal; se fortalece el sistema procesal acusatorio superando los rasgos inquisitivos y precisando los principios fundamentales en que debe sustentarse.
Se implantan los juicios orales para darle a los procesos mayor transparencia y se recupere la credibilidad del sistema penal; plasmar los derechos del imputado, que habrán de desarrollarse en la legislación procesal penal; ampliar los derechos de la víctima u ofendido del delito, así como precisar su nuevo rol en el proceso.
En la procuración de justicia elevar la capacidad de investigación, abatir la impunidad y dar certeza al procedimiento; establecer nuevas formas y reglas de investigación de los delitos por parte del Ministerio Público y la policía de investigación; enfrentar al crimen organizado con todas las fortalezas del Estado.
Una parte del proceso extremadamente delicado, el promover mecanismos alternos de solución de conflictos, entre otros objetivos, y al mismo tiempo respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los intervinientes de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Todo lo cual, tarde que temprano le vendrá a dar una plena legitimidad y justificación histórica ante la sociedad, a la función punitiva y justiciera del Estado.
Lo que hoy tenemos en labores subyacentes, es la construcción criterios de operación de los diversos estadios que componen el nuevo sistema; con el fortalecimiento y la capacitación que requieren la policía investigadora, los servicios periciales, los agentes del Ministerio Público, los abogados defensores, los defensores de oficio, el Juez de control o de garantías (como se le llame) el juez y el tribunal juzgadores en el juicio penal oral.
La labor legislativa del gobernante, es el manto que protege a los integrantes de la comisión tripartita; el discernimiento en la procuración y administración de justicia del cómo enfrentan sus propios roles, es lo que tenemos en el poder público en este escenario; el gobierno estatal, ha sido generoso en extremo con la Unidad académica de Derecho de la UAN, catedráticos y nuevos contratados, deben de justificar los enormes recursos en ellos invertidos, hemos de ver a sus resultados en las evaluaciones de deveras, en los casos reales.
Es imperioso que la operatividad del sistema, con el nuevo código nacional de procedimientos penales, la organización de los poderes estatales para procurar e impartir justicia, esté a la altura de todas las expectativas que se han generado desde la reforma constitucional del 2008.
Y socializar en chinga el tema fundamental del NSJP, que el 90 por ciento de todos los asuntos penales que se generan en la sociedad, tendrán que resolverse por vías alternas y justicia restaurativa, la reparación del daño de la víctima y la efectiva reinscerción del delincuente a la sociedad; solo los imputados de delitos inexcarcelables serán llevados a juicio al tribunal de justicia penal oral para que se les juzgue.
Una nueva cultura está en construcción, ahí está el mano del gobernante.
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