Ante un asunto de tamañas aristas, de un complejo jurídico con enormes consecuencias económicas y sociales para miles de pobladores del municipio de la Yesca, en dónde tanto pequeños propietarios (criollos) como indígenas comuneros son los afectados por las ejecuciones de sentencias legalmente obtenidas de tribunales agrarios del vecino Jalisco, se esperaría que la respuesta del gobernador de los nayaritas hubiese tenido mejores elementos de juicio, tanto jurídicos como de semántica.
Un gobernante como Roberto Sandoval, no está obligado desde luego a tener conocimiento profundo de los intersicios de quehacer judicial, de lo que significa el concepto de “cosa juzgada” que es, el efecto impeditivo que hoy tienen los afectados y el gobierno de Nayarit para enfrentar las resultas de la ejecución de sentencias judiciales que tienen el carácter de firmes; y lo son, porque ya no caben medios de impugnación para modificarlas o detenerlas en la etapa final de la Litis.
Tarde que temprano, el sincretismo político con que se conduce el titular del poder ejecutivo, tenía que enfrentarse con las limitantes de la semántica de sus expresiones; en sus admoniciones ante los pequeños propietarios y pobladores de Huajimic, reiteró el apoyo del gobierno que preside a “los comuneros de Huajimic”, yerro expósito, puesto que el carácter de “comuneros” lo tienen los indígenas demandantes de San Sebastián Teponohuaxtlán, del municipio de Mixquitic Jalisco; quienes con sus acciones legales generaron este clima de incertidumbres.
Le faltaron recursos al gobernante para ser convincente y concretar específicamente una hoja de ruta a seguir; empero, el cúmulo de abogados, doctores en derecho que tiene en la secretaría general de gobierno, incluyendo al mudo de su titular, demostraron una ineficiencia mayúscula, no le supieron redactar al gobernante, un informe ejecutivo claro, preciso en la realidad jurídica que prevalece, para que tuviera mejores elementos de discernimiento y afrontar el problema con la hegemonía de titular del poder ejecutivo.
El boletín de prensa de Don Rafa Vargas, incurre en el error, calificar de “comuneros” a los pequeños propietarios afectados por las sentencias del tribunal agrario en dónde fueron vencidos; y señala que Roberto “les garantizó que ya se está trabajando en obtener soluciones concretas a su problemática…., informó a los comuneros que, derivado de gestiones ante la Secretaría de Gobernación, se acordó que no se ejecutará ninguna resolución a favor de indígenas del estado de Jalisco, hasta que exista un reunión formal entre las dos partes afectadas, sus abogados, gobierno federal y gobierno estatal…”
LA DISOLUCIÓN DEL DERECHO
El México que hoy vivimos, con el gobierno federal y de algunas entidades, le ha dado al traste al marco jurídico que nos rige; es norma común que se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos por toda clase de policías; jueces que incumplen con las normas procesales a favor de las fiscalías; inacción de los agentes del MP ante la violencia desatada de estudiantes normalistas y profes delincuentes de la CNTE; nunca como antes en nuestro país se ha pisoteado el estado de derecho.
A contrario sensu, el añejo problema de la comunidad huichol del vecino Jalisco, nunca fue atendido cabalmente por el gobierno de Nayarit; el reconocimiento jurídico de los derechos de posesión a la comunidad indígena de San Sebastián Teponohuaxtlán, en sus inicios pudo ser contenido; apelando a la realidad que prevalece en el territorio disputado, más de 10 mil hectáreas de terrenos que solo son de agostadero, y en los últimos años de siembra de marihuana y amapola; que nunca han tenido asentamientos humanos, salvo los ranchos de los pobladores de Huajimic.
Ellos, son nayaritas de segunda o tercera generación, sus ancestros vinieron a principios del siglo pasado, provienen de estados del centro del país, a ocupar estas zonas inmensas que han cultivado y creado una región de la mejor ganadería que tiene Nayarit.
Por su propia naturaleza y carácter social, estos pobladores, son desconfiados, reacios a lograr acuerdos y malos para litigar en defensa de sus posesiones; no pudieron involucrar al gobierno estatal en la hora de los juicios, hoy, que la lumbre les llega a los aparejos, se armaron para evitar los desalojos y la confronta con los huicholes, abogados y periodistas de Jalisco, estuvo a punto de llegar a mayores.
En la ejecución de las sentencias logradas, ahora el gobernador Sandoval, apoyado por el secretario de gobernación, se van por la vía política de conminar a un convenio para evitar los desalojos; es decir, buscan el incumplimiento del derecho declarado; van en contra del principio fundamental del imperio de la ley; alguien debió decirle a Roberto que no puede motu proprio ordenar la detención de las ejecuciones de las sentencias. Son cosa juzgada.
La única salida posible es, en la ejecución de sentencias, acordar un compensación económica del valor de la tierra, que debería aportar el gobierno de la federación, y establecer el nuevo status legal de las hectáreas en conflicto a favor de los pequeños propietarios; son algo más de 500 millones de pesos, que para el gobierno federal es nada.
Ahí hubo dos invitados de piedra, de los funcionarios del poder judicial, abogados talentosos que pudieron esclarecerle al gobernador el escenario jurídico, pero como no hubo reunión previa, no tuvieron oportunidad de opinar; uno de ellos me dijo: “ni modo que públicamente corrigiera al gobernador, es políticamente incorrecto; era una labor previa del secretario general..” y el otro su comentario fue: “mira a mí me invitaron y no me dijeron de que se trataba la reunión; ante el problema, yo no pude opinar si no me lo preguntan..”
Mal y tarde la respuesta del gobernador; ojalá y funcione su ecléctico método con que enfrenta este conflicto; ah..! y muchos se preguntaron ¿qué caraxxos estaba haciendo ahí Pepe Espinoza..?
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