Faltan menos de dos años, para que se cumpla el plazo que la reforma constitucional de junio de 2008, y de esta manera, entre en operación total el nuevo sistema de justicia penal en todo el país; podemos definir esta etapa como la que se ha caracterizado por la rapidez de los cambios; y tanto las instancias de procurar como de administrar justicia, y sobre todo la sociedad Juan Pueblo, no han racionalizado de manera adecuada esta impronta reformista.
Y ante las prisas que nos presenta este escenario, hemos considerado desde este espacio que se corren muchos riesgos, sobre todo a la luz de los resultados que nos revelan que algunas implementaciones han sido deficientes; tenemos ya la certeza de que el proceso es irreversible y que lo más importante es atender los puntos críticos de esta reforma, para que se garantice que este cambio de 180° se cimiente en la sociedad de manera adecuada.
En su discurso del día lunes, el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez hizo un sentido llamado a jueces, secretarios y magistrados del tribunal superior de justicia, conminándolos a trabajar más, con los mismos recursos de siempre; los exhortó para que se asuman los grandes retos de la judicatura con un profundo sentido de responsabilidad social; el derecho judicial, tiene como objetivos superiores la estabilidad social y el bien común, un alto sentido teleológico del constituyente permanente.
El togado, al señalar que hace unas cuantas semanas se implementó el sistema de justicia penal oral, y dijo que sus operadores, jueces de control y jueces de enjuiciamiento están preparados, listos para asumir la práctica del sistema adversarial.
Estamos en la fase crítica de darle vida al nuevo sistema, pese a los buenos deseos del magistrado presidente, para cambiar la procuración e impartición de la justicia penal, es imperioso comenzar por el subsistema de seguridad, para que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones, fiscalías y jueces de primera instancia.
Y sobre todo darle énfasis a la primera etapa del NSJP que son las actuaciones previas ante los MP y en las formas que recién se inicia lo que será el grueso de atención de los conflictos derivados de delitos, los mecanismos alternos para la solución de las contradicciones entre imputado y su víctima; es la confluencia de los poderes, el ejecutivo con su fiscalía y defensoría de oficio, y el judicial con la constante de mejorar de manera perfectible sus prácticas bajo la doctrina del garantismo.
Cuyos cimientos son, la presunción de inocencia y el debido proceso; solo así podremos construír el nuevo edificio que impone la reforma constitucional; y, de pasadita, socializarlo de buena manera en sus destinatarios finales, los ciudadanos que reclaman justicia pronta, expedita y proba.
¿Será mucho pedirle al Estado..?
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