Para el ciudadano común, resulta realmente difícil entender los desfiguros que hacen los que detentan el poder; no se puede concebir en una mente socialmente normal y aceptada por la mayoría, que se llegue a tal nivel de perversiones con el intento pueril de trascender el periodo que la constitución establece indefectiblemente para detentar el poder.
Le hemos llamado “enclaves transexenales” y hemos conocido varios ejemplos, aquí en Nayarit y en otras entidades; el sátrapa de la Mololoa, quiso sorprender a los diputados de bloque magisterial, sus aliados en la legislatura segunda; al establecer un procurador de justicia con un periodo de siete años, y el decreto de marras lo establecía en uno de los artículos transitorios.
La argucia pretendida fue que al inicio de aquella sesión, se omitiera la lectura de los transitorios; uno de los asesores del entonces diputado panista Juan Antonio Echeagaray, descubrió el subterfugio y se lo comunicó de inmediato al diputado que fungía como vicepresidente de la mesa directiva de aquella legislatura; de inmediato se reunió con el coordinador de los diputados liberatianos, y entre ellos, y sus diputados echaron para abajo el intento transexenal del sátrapa gobernador de entonces.
Con las trascendentales reformas de la constitución general de la república, desde el 2008, 2011 y las adecuaciones que han tenido en estos últimos meses, una vertiente, la reforma constitucional, la hemos visto como un enorme esfuerzo gubernamental para remodelar el ejercicio del poder; la intención primera y última que alentó al constituyente, es hacer que nuestro país, tenga un verdadero Estado de derecho.
Empero, para los gobernantes de la entidades, implementar las reformas tiene un nombre, se llama la reforma del poder, del que ejerzo y del cómo me protejo al terminar mi mandato.
Así ha sido costumbre a la llegada de cada gobernante, que hacen renunciar al titular del órgano fiscalizador, acotar al poder judicial, cooptar a los diputados del congreso y buscar en la legislatura intermedia, la consolidación de su poder, se llaman entonces, “gobiernos de funcionalidad política”.
Los partidos políticos de oposición funcionan de acuerdo a sus vocaciones, las conductas se aprecian sea cual fuere la sigla partidaria del que ejerce el poder; se ha desnaturalizado el Estado mexicano en las primeras cláusulas de nuestro contrato social, de ahí el por qué el oceánico desprestigio de gobernantes, políticos y partidos.
EL CASO NAYARIT
La reforma del poder judicial que hizo el sátrapa, impuso al presente gobierno un esquema inamovible; merced al talento político de su titular Pedro Antonio Enríquez, el desarrollo de las relaciones institucionales han sido excelentes. Roberto Sandoval conminado por el marco legal, solo ha nombrado a seis de los diecisiete magistrados que componen el TSJ.
Al implementar la reforma federal, se homologaron los tres procesos locales, y se optó por la que fuese mejor para todos sus protagonistas y –según esto- la sociedad en general; un gobernador, ediles (que no se pueden reelegir) y diputados por cuatro años; incluso merced al diseño de los transitorios de las adiciones federales, los actuales diputados –al parecer- sí se podrán reelegir para este periodo próximo.
Visto al futuro inmediato de la entidad, el próximo gobernador llegará prácticamente acotado en todos los frentes, y la obviedad interpretativa indica el manto de protección transexenal para Roberto Sandoval; el fiscal general tendrá dos años en el próximo gobierno; la elección del próximo presidente del TSJ lo harán los mismos magistrados heredados del sátrapa, en el 2018, son once contra seis magistrados del actual gobernador.
El auditor general, Roy Rubio del OFS –si no le hacen lo mismo que ellos hicieron a Salvador Íñiguez- termina su periodo junto al próximo gobernante de cuatro años; solo en la composición de la próxima legislatura deberá ejercer su hegemonía política emergente, para contar con el instrumento de remodelar el ejercicio del poder a sus muy particulares intereses.
No estoy de acuerdo con las interpretaciones que han surgido de que conforme a las “reglas no escritas” del institucional el gobernante que se va pone a la legislatura entrante; en el caso, tendremos si acaso unos dos o tres que respondan a esta filia; el candidato que llegue sabrá resolver esta camisa de fuerza institucional que le dejan.
Mientras tanto, la sociedad atiende confundida al conocimiento de las reformas, algunos sectores, enfrascados en la lucha partidaria, en la trinchera del estéril francotirador, no se han percatado del oneroso esquema que han aprobado hoy los diputados; tendremos un par de años 25 Magistrados..!, con sus obligados sueldos de 90, 100 mil pesos o más, mensuales, ¿cómo..? los 17 que hoy tiene el TSJ hasta el 2019; 5 del Tribunal estatal electoral que nombra el Senado en septiembre; y 3 en espera del tribunal de justicia administrativa que en breve implementará el legislativo federal.
Además, existe una infuncionalidad presupuestal; con el crecimiento del poder judicial, obligados por la implementación del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, lo que le aprobaron los diputados en diciembre pasado, se lo den o no completo, para el mes de septiembre de este año, su presupuesto de egresos se termina tal cual lo aprobaron en el congreso. A hacer de tripas corazón…
Ah..! y falta ver los tribunales que va a crear la nueva iniciativa presidencial, sobre “justicia cotidiana” en dónde de entrada ya tenemos una aberración, en la composición de los CEJ y en el federal, el legislativo tendrá dos concejeros; se borra el equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contra pesos por una liviandad, la intromisión del legislativo federal en los otros poderes.
Menudo galimatías en el que nos han metido..!
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