- Aprueba más de 20 reformas a la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, se armoniza este ordenamiento jurídico local con la norma general
En una de las acciones que ha emprendido la XXXII legislatura, y que constituye un avance en el perfeccionamiento de una norma que es una de las generosas respuestas del Estado para aquellas personas que han sufrido el flagelo de la densidad delincuencial, se concretó en su texto, merced a la labor tesonera del diputado presidente Leopoldo Domínguez, que supo armonizar los intereses partidarios para fortalecer el superior interés de la salvaguarda de los derechos humanos.
Salvaguardar las garantías individuales de los nayaritas que sean víctimas de algún delito es una de las prioridades de las reformas a la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, aprobadas este martes en Sesión Pública Ordinaria por los integrantes la Trigésima Segunda Legislatura.
Las reformas a esta ley afianzan las garantías y reconoce los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos en la entidad, fija normas que permiten la atención y protección efectiva de quienes han resultado dañados por alguna clase de acto, estableciendo los derechos de la víctima, el derecho a la ayuda inmediata, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del goce efectivo de derechos.
Con las más de 20 reformas a la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit se fortalece el marco jurídico local, perfeccionando y armonizando este ordenamiento jurídico local con la norma general en la materia para que Nayarit cuente con una ley que proteja de manera integral a quienes han sufrido detrimento en sus derechos.
De manera específica se destaca que con la aplicación de estas enmiendas perfeccionan los principios rectores de esta ley, garantiza los derechos de ayuda, asistencia y atención, el servicio de asesoría jurídica, además se fortalece la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y se tendrá un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas.
Una más de las bondades es que las víctimas tendrán derecho de acceso eficiente a la justicia, estableciendo que el estado y los municipios promuevan la formación y especialización de agentes de la Policía Investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos.
De igual manera, deberán proporcionar orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, contemplar medidas para que la víctima reciba atención médica de emergencia, así como proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas.
La reforma plantea que el servicio de ayuda inmediata se debe tomar en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, tales como niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.
De manera notable se podrá lograr la reparación del tejido social, al permitir que las personas recuperen la confianza en las leyes, así como en las instituciones del Estado.
