- Unánime reelección del magistrado Ismael González Parra como Presidente del TSJ y del CEJ
- Reiteró su compromiso de seguir actuando con honradez y transparencia de cara a la sociedad
El reelecto magistrado presidente del TSJ y del CEJ, es un hombre de experiencia política y administrativa; las condiciones de hace más de un año, con el correspondiente apoyo del grupo al que pertenece, fue designado para presidir el poder judicial, nadie conocía, ni tuvo conocimiento previo del problemón que se le vino encima, si acaso la Fiscalía General del Estado que ya incubaba las carpetas del estridente caso de los juicios clonados del Infonavit.
Ismael, está en sus sesentas, con plenitud de salud física y emocional; los escenarios que ha pisado, las responsabilidades mayúsculas que tuvo hace lustros le dieron la suficiente experiencia para convertirlo en un funcionario apto para enfrentar retos de variopintas condiciones; de entre sus atributos destaco que es un hombre ejecutivo, que sabe escuchar, que tiende puentes y sabe negociar.
Un talante del magistrado presidente que se caracteriza por la forma lineal y sin subterfugios con que emprende sus acciones, es mesurado en la toma de decisiones y sabe lo que representa la investidura que ostenta, su desempeño en el primer año al frente del poder judicial, sorprendió a propios y extraños, por la extraordinaria capacidad de respuesta a los retos enfrentados y su poder de convocatoria para que los otros poderes estatales le prodigaran apoyos extraordinarios.
De ahí que, no es sorpresa que su designación para un nuevo periodo, haya sido realizada por la unanimidad de todos los magistrados que componen este cuerpo colegiado. Enhorabuena, tiene con ello, más oportunidades para concretar sus ambiciones proyectos para dejar consolidar el funcionamiento de todos los servicios que debe prodigar el poder judicial a la sociedad.
El magistrado Ismael González Parra fue electo en forma unánime por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit para un nuevo periodo anual como Presidente de dicho órgano colegiado y del Consejo de la Judicatura, tras lo cual rindió la correspondiente protesta de ley.
Previo a la clausura de la Cuarta Sesión Pública Ordinaria del Tribunal, González Parra dio la bienvenida a los magistrados Benito Luciano Solís Ortega y Einstein Razura Vega, recientemente designados por el Congreso del Estado, y agradeció la confianza de los integrantes del Pleno.
Asumo el mandato —dijo— con humildad y “también con el compromiso de seguir actuando con absoluta responsabilidad, rectitud, honradez y transparencia de cara a la sociedad”.
Tras señalar que seguirá actuando con el consenso y apoyo en el liderazgo de sus pares, manifestó que “con alturas de miras se debe seguir manteniendo una relación de colaboración y respeto con los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro del marco constitucional de la división de poderes, y con todos los actores sociales que coadyuven en la solución de nuestra problemática pero libres de injerencias en la impartición de justicia”.
Tras destacar que se ha avanzado mucho en el último año transcurrido, el magistrado González Parra destacó que se requiere un mejor marco jurídico para la función jurisdiccional, que fortalezca las facultades del Tribunal, de sus Salas y los Juzgados, así como el permanente respeto a la carrera judicial en ascensos y promociones, incluyendo la designación de Magistrados.
Propuso asimismo una reingeniería administrativa para una mejor distribución de competencias y responsabilidades laborales que redunden en un sistema regido por la planeación, organización, dirección y control de proyectos o acciones que beneficien a la institución y, por ende, a la sociedad.
En el salón de plenos “Prisciliano Sánchez Padilla”, el Magistrado Presidente reiteró el compromiso de seguir gestionando beneficios para el personal jurisdiccional y administrativo de la institución, del cual solicitó corresponsabilidad mediante un comportamiento ético y sin “perder de vista la alta responsabilidad de la impartición de justicia”.
Destacó también la importancia de crear salas de Oralidad Mercantil y Familiar, así como para la implementación de la Justicia Laboral, y la creación de una Ciudad Judicial que albergue los diez Juzgados de Primera Instancia y parte de las referidas salas de oralidad.
A continuación reiteró su agradecimiento “a las y los Jueces por su respaldo y su apoyo, sobre todo los proyectos que hemos emprendido juntos para fortalecer el Poder Judicial, principalmente en el respeto a los derechos humanos y en evitar y combatir las arbitrariedades cometidas en contra de las personas, de sus derechos y de sus libertades”.
Por ello —puntualizó— “desde el ámbito de nuestras variadas responsabilidades, debemos seguir cuidando y construyendo la credibilidad y la confianza en nuestra institución como garante del estado de Derecho. En suma, necesitamos fortalecer y consolidar los valores éticos de los juzgadores, como medio para fortalecer la confianza de los justiciables y de la sociedad en general”.
Este es el texto completo de su disertación luego de su toma de protesta:
«Compañeras y compañeros Magistrados.
Señoras y señores Consejeros de la Judicatura.
Integrantes del Consejo de la Judicatura.
Señoras y señores Jueces.
Amigas y amigos todos.
Por supuesto no hubo un espacio previo y doy la cordial bienvenida a esta integración del Pleno a los dos nuevos compañeros integrantes, Magistrados recientemente designados por el Congreso del Estado: a los magistrados Benito Luciano Solís Ortega y Einstein Razura Vega: su capacidad, su preparación, su responsabilidad y su entrega al servicio público, sin duda vendrá a fortalecer el trabajo en esta noble institución. Bienvenidos.
Sean mis primeras palabras para agradecer cumplidamente la confianza que me brindan a fin de desempeñar por un nuevo periodo la Presidencia del Poder Judicial.
Asumo el mandato con humildad, y lo asumo también con el compromiso de seguir actuando con absoluta responsabilidad, rectitud, honradez y transparencia de cara a la sociedad. Reconociendo que es la más grande oportunidad recibida en el desempeño del servicio público. Estaré a la altura de la confianza que hoy me han depositado.
Reconozco que hay una amplia base de confianza del colegio de Magistradas y Magistrados, que agradezco mucho el ser designado por consenso para ponerme al frente de una institución de gran importancia en la vida jurídica del estado y ello me compromete aun más con la alta responsabilidad que esta gestión significa.
Esta Presidencia seguirá siendo producto del consenso y del respeto al liderazgo que cada Magistrado tiene en su respectiva ponencia, del profesionalismo de los miembros de cada Sala y de cada uno de los juzgados.
Esta no es una Presidencia que divida o se confronte, tampoco es la oficina de un pequeño grupo que decida las políticas del Tribunal. Será la responsabilidad compartida la que debe seguir caracterizando a nuestra gestión.
Con alturas de miras se debe seguir manteniendo una relación de colaboración y respeto con los poderes Ejecutivo y Legislativo, dentro del marco constitucional de la división de poderes, y con todos los actores sociales que coadyuven en la solución de nuestra problemática pero libres de injerencias en la impartición de justicia.
Me considero parte de una generación producto del esfuerzo y formada dentro de las instituciones sociales, con el pulso de la experiencia y la convicción de servicio que me han brindado las oportunidades recibidas.
Por eso reitero los compromisos que suscribimos juntos este gran equipo hace un año. Los pendientes que faltan por cumplir están en la agenda de nuestras prioridades.
Hemos avanzado mucho en este último año transcurrido: se transparentó la actuación del Poder Judicial, se sentaron las bases para que nunca más se tomen decisiones unipersonales desde la opacidad y el conflicto de intereses, que sobretodo trastocan la carrera judicial y ofenden la dignidad de las compañeras y de los compañeros.
La función jurisdiccional requiere de un mejor marco jurídico, se necesita que emprendamos juntos los nuevos retos que sobre la impartición de justicia demandan los ciudadanos y los usuarios.
Reitero, pese a esos avances se requiere una reingeniería en el Poder Judicial, pues el modelo de estructura orgánica resulta obsoleto en alguna de sus partes y no responde a las nuevas circunstancias y necesidades. Es necesario un nuevo modelo de organización y administración en general en la que se realice una mejor distribución de competencias y responsabilidades laborales que redunden en un sistema regido por la planeación, organización, dirección y control de proyectos y acciones que beneficien a la institución y por ende a la sociedad.
Debemos participar en la elaboración de nuevas propuestas, principalmente que fortalezcan las facultades del Tribunal, de sus Salas y los Juzgados. Es impostergable fortalecer la Oralidad Mercantil, la Oralidad en Materia Familiar y la implementación de la Reforma Laboral, que garanticen el pleno acceso a la justicia, el debido proceso, así como la dignidad de los justiciables.
La función administrativa que se deposita en el Consejo de la Judicatura también necesita una revisión profunda, para que con nuevas bases de organización administrativa, responda eficazmente a los requerimientos de capacitación, preparación y especialización de los Jueces, Secretarios y el demás personal jurisdiccional.
Debemos seguir dando certeza y garantía a la sociedad de que los recursos públicos asignados al Poder Judicial se utilizan con racionalidad y austeridad con eficiencia, con eficacia y, sobre todo con honestidad, mediante una oportuna publicidad y rendición de cuentas.
El personal jurisdiccional y administrativo cuenta con todo mi respeto y con todo mi respaldo; los beneficios alcanzados están a la vista: mejores condiciones laborales, mejores espacios laborales, más beneficios económicos a favor de quienes laboran como carrera judicial, sin embargo también respetuosamente les solicito el estricto apego a los principios éticos de la Judicatura y a no perder de vista la alta responsabilidad de la impartición de justicia.
Quiero destacar algunas metas a las cuales pretendemos llegar durante el próximo año de gestión. Una de las prioridades es la de la carrera judicial para que los ascensos se realicen en base a los méritos del esfuerzo, preparación, capacidad, destreza y honestidad de los servidores judiciales, y fortalecer con mayor dedicación la dignidad laboral, la autonomía, independencia e imparcialidad de los servidores judiciales.
Me comprometo a gestionar ante los poderes Legislativo y Ejecutivo la posibilidad de una reforma legal para que la carrera judicial deje de tener límite hasta el cargo de Juez, a efecto de ampliar la expectativa de alcanzar el máximo cargo en el Poder Judicial, el de Magistrado, generando un porcentaje de Magistraturas cuyo origen provenga exclusivamente de la carrera judicial.
Nos proponemos la creación de dos nuevas Salas de Oralidad Mercantil en Tepic y Bahía de Banderas, dos Salas de Oralidad Familiar y la implementación de la reforma en materia Laboral y cinco centros para su atención: dos en Tepic, dos en Bahía de Banderas y uno en Santiago Ixcuintla.
La construcción de una Ciudad Judicial en la ciudad de Tepic es uno de los mayores retos de nuestra generación. Al respecto hemos estado realizando las gestiones ante el Gobernador del estado para la donación del terreno adjunto al Centro Regional Tepic, dentro del cual se podrían construir los diez Juzgados que operan en la ciudad de Tepic: tres Civiles, cuatro Familiares, tres Mercantiles, además de las dos Salas de Oralidad Mercantil y dos más para la Oralidad Familiar, la cual estimamos que al menos requiere un costo de entre 35 y 40 millones de pesos.
Reitero mi agradecimiento a las y los Jueces por su respaldo y su apoyo, sobre todo los proyectos que hemos emprendido juntos para fortalecer el Poder Judicial, principalmente en el respeto a los derechos humanos y en evitar y combatir las arbitrariedades cometidas en contra de las personas, de sus derechos y de sus libertades.
Por ello, desde el ámbito de nuestras variadas responsabilidades, debemos seguir cuidando y construyendo la credibilidad y la confianza en nuestra institución como garante del estado de Derecho. En suma, necesitamos fortalecer y consolidar los valores éticos de los juzgadores, como medio para fortalecer la confianza de los justiciables y de la sociedad en general.
Momentos como los que hoy se viven hacen inevitable que la sociedad busque que sus instituciones públicas garanticen certeza, seguridad y paz social. En el Poder Judicial, todos y todas estamos trabajando para cumplir con este supremo compromiso.
Muchas gracias.»
