Desde la llegada de esta administración, estos proyectos de reforma constitucional fueron elaborados por dos investigadores y presentados a un alto funcionario del gabinete; una contrarreforma sobre el número de magistrados que integran el TSJ, la reelección de su presidente, y la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa, para que sus funciones sustantivas las asuman los juzgados de primera instancia, y la sala constitucional, fuera la segunda instancia.
Ayer, sorpresivamente, por parte de un diputado panista se presentan dos iniciativas (van implícitas en el proyecto) la reforma del numeral 86 de la carta local, para posibilitar la reelección del magistrado presidente del TSJ, y la desaparición del tribunal de justicia administrativa; iniciativa que cuenta con el apoyo de la bancada mayoritaria, es decir, el Pri, el partido en el gobierno, la fracción legislativa que ha sido la mar de eficiente en los proyectos legislativos de Roberto Sandoval las apoya y con tal resolutivo político, se plantea la certidumbre de su aprobación.
Como pocos, el diputado presidente Armando García, es un político sabedor y experto en eso de saber guardar las formas; este lance legislativo, es de pronóstico reservado, porque viene a destruir las ilusiones de un grupo compacto que no supo o no quiso hacer el protagonismo necesario para que la toma de decisiones del jefe político operara conforme al diseño implícito que trajo consigo la reciente designación de tres nuevos magistrados.
Tendremos que leer completas las iniciativas de reformas constitucionales que pueden traer espejos ocultos en los transitorios, como el de establecer que la reelección del magistrado presidente, debe operar hasta el mes de septiembre del 2018, salvando de esta manera la impronta que hoy todo mundo aduce, que este reforma viene a beneficiar al actual titular de la presidencia del poder judicial, el letrado Pedro Antonio Enríquez, cuyo ejercicio ha sido eficaz y de enormes logros para la dignificación del TSJ. O si de plano opera al día siguiente de que la mayoría de los ayuntamientos validen la reforma a la carta local.
Esta variable, puede ser el cascabel oculto; dado el origen partidario del diputado que ha presentado la iniciativa de reforma a la carta local, y las intenciones de seguridad jurídico-política de esta administración, ya cuajadas en la figura del Fiscal general del Estado, cuyo lapso para su ejercicio es transexenal; de cualquier manera, es un lance de antología..! y habremos de ver el proceso legislativo para confirmar cuál de estos supuestos será el que se concrete a la hora buena de las aprobaciones de la iniciativa de reformas constitucionales.
LA EXTINCION DE LA INEFICACIA
Desde su creación el tribunal de justicia administrativa, ha servido para dos cosas, uno, ser una enorme carga financiera para el presupuesto estatal y dos, para nada en cuanto a los fines sustantivos de la función jurisdiccional que le compete; es conocido el hecho en todo abogado litigante que este tribunal, en la inmensa mayoría de sus resolutivos, fueron inconsecuentes e inviables jurídicamente, toda vez que al ser un órgano uninstancial, solo demoraba de seis a doce meses, la presentación de juicios de garantías de los justiciables que forzosamente tenían que cubrir el principio de definitividad que establecía la ley de amparo anterior.
De esta manera, la justicia administrativa que de por si, por su origen y territorio burocrático de aplicación es lenta y ominosa, con la existencia de este tribunal, era el mayor obstáculo para la tutela jurídica de los derechos de los particulares que en ejercicio de su potestad judicial, acudían a esta instancia, siendo nugatorios sus derechos, por el dogmatismo, la cerrazón y la desidia con que los magistrados que lo integran llevan a cabo sus funciones.
Como mera referencia, este escriba, hace un par de años, presento un juicio administrativo, y el sin par magistrado encargado de procesarlo, nos puso miles de trabas para acreditar la personalidad del demandante, que se trataba del presidente de un organismo empresarial, haciendo suposiciones de toda índole, duramos más de tres meses para acreditarla, hasta que finalmente admitió la demanda, para sobreseerla de inmediato; dejando la vía del amparo expedita, ya en los tribunales federales obtuvimos la protección de la justicia federal en contra de las autoridades que eran las responsables del desaguisado administrativo.
Al aprobarse la extinción de este tribunal, el gobierno estatal, dejara de erogar decenas de millones de pesos; la desaparición de este órgano jurisdiccional, será hasta el 18 de diciembre del presente año, fecha en que concluye el periodo para el que fueron designados los actuales magistrados; así no habrá reelección ni tampoco indemnización alguna; esto les corresponderá a algunos de los actuales empleados, y los sindicalizados serán absorbidos por el TSJ.
Como lo establece la carta magna, las funciones jurisdiccionales en materia contenciosa administrativa, solo se tenía en este tribunal cuya sede es la ciudad capital; con la reforma que lo desaparece, a partir del 19 de diciembre próximo, todo ciudadano de Nayarit, podrá acudir al juzgado de primera instancia que le corresponda para promover el juicio administrativo que haya lugar, lo que será cómodo y accesible para los justiciables, y la sala constitucional, será la segunda instancia que funciones como tribunal de alzada, perfeccionando de esta manera, la irregular existencia de un órgano jurisdiccional que no cumple sus funciones y que es, un valladar para la existencia y vigencia de las garantías de seguridad jurídica que tiene todo ciudadano.
Enhorabuena por la pertinencia de estas trascendentales reformas…!
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