Conforme a sus tiempos, los ubicuos magistrados y jueces que integran el Concejo de la Judicatura Estatal, celebraron hace un par de días, su sesión ordinaria, en la cual se aprobó su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2017; esta sesión fue pública y se transmitió vía streaming en su site de la web.
A finales de su mandato, el sátrapa ex gobernador anterior, en su perverso afán de acotar al máximo al gobernante que le sucedería, reformó la constitución y remodeló la integración del TSJ, para quedar como actualmente se encuentra; empero, en materia financiera, se adicionaron dos párrafos el 16 de diciembre de 2010, los cuales establecen:
“El Poder Judicial del Estado gozará de autonomía presupuestal. El presupuesto que le sea asignado deberá ser suficiente para el cumplimiento de sus funciones y no podrá ser inferior al del año fiscal anterior, considerando las ampliaciones presupuestales y el índice inflacionario que establezca el Banco de México.
El proyecto de presupuesto que remita el Poder Judicial al Gobernador, no podrá ser modificado por éste en la iniciativa que presente a la consideración del Congreso del Estado”.
De esta manera, el fin último era liberar al tribunal de la tradicional servidumbre política y financiera que siempre ha tenido el poder judicial, supeditado a la hegemonía del gobernante en turno.
Con las trascendentales reformas que se han instaurado en la carta magna, las cuales se imponen en las cartas locales, la dinámica de la unicidad judicial y las nuevas tareas que tienen los poderes judiciales estatales al implementarse la justicia oral mercantil, el sistema penal acusatorio, la ejecución de sanciones penales, la justicia administrativa, la excepcional justicia para adolescentes; el notorio incremento de juicios familiares y ya en breve la justicia laboral; es pues incuestionable que todo poder judicial requiere sustantivos incrementos en sus presupuestos para el mantenimiento de la delicadísima función de administrar justicia.
En los últimos cinco años, el presupuesto que el CEJ le envía al gobernador, éste, me dicen “off the record” que les es “rasurado” por los genios de finanzas que se encargan de remitir al congreso el presupuesto general de los poderes estatales; para el ejercicio del año que fenece, se les autorizó un presupuesto inicial de casi 339 millones de pesos, empero, en la ocasión en que le hicieron el paro loco los sindicatos al PJ, su presidente me dijo que lo que les aprobaron los diputados, solo les alcanzará para pagar hasta el presente mes de octubre, no cuentan con recursos para pagar noviembre, diciembre y aguinaldos.
DESFASES EXPLICABLES
El gasto operativo del poder judicial, se ha incrementado por la lógica razón de que se han ampliado enormemente sus prácticas jurisdiccionales, las nuevas responsabilidades; si bien la SETEC envió casi cien millones de pesos para la implementación del nuevo sistema penal, de corte adversarial y acusatorio, para levantar edificios e implementar la tecnología que este sistema requiere, los salarios de sus operadores siguen siendo los mismos; y cabe decir que desde hace lustros no se les ha aumentado sus salarios.
Es pues menester tomar medidas adicionales a la historia reciente para garantizar la debida impartición de justicia, porque de lo contrario podemos llegar al inaudito de ver el cierre de juzgados, circunstancia que va en contra del comportamiento histórico que la sociedad reclama mayor cobertura y la necesaria ampliación de su capacidad de respuesta, como la materia familiar, que prácticamente tiene colapsado al sistema de primera instancia.
El reciente acuerdo del Concejo de la Judicatura es claro y ambicioso, para servicios personales requieren de más de 467 millones de pesos; materiales y suministros 11 millones: servicios generales, más de 28 millones; bienes muebles e inmuebles un poco más de 6 millones de pesos; obra pública solo un poco más de 2 millones; lo cual hace una suma de $ 515,250,533.45 QUINIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUETA MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL.
Algo que ha sido la constante, en el proyecto aprobado por el CEJ no aparecen los rubros de las compensaciones que según sus tabuladores, éstos se mantienen en absoluta secresía; dado que la cantidades que se identifican en este acuerdo, son menores a las percepciones que realmente tiene el magistrado presidente y los 16 magistrados que le acompañan, mensual: ¿33 mil..? ¿18 mil los jueces..? Náááá…
Y esta circunstancia es un problema de transparencia, y al parecer ninguno de los integrantes de los tres poderes estatales está dispuesto a poner en las leyes de egresos sus verdaderas percepciones, pareciera que el juego de Juan Pirulero, “dí tu primero..”
Grave condición que impacta en la armonización de los presupuestos de los tres poderes; lo que los integrantes del poder judicial demandan del poder ejecutivo, es el debido cumplimiento al principio constitucional que invocan en la primera parte del documento que le enviarán a los genios de finanzas para el próximo ejercicio fiscal.
El quid de asunto es: ya de salida, Roberto Sandoval ¿se va compadecer de un poder judicial que le fue heredado y que apenas ha podido meter a unos cuantos magistrados en su sexenio..? el presupuesto que le aprueben debe entregarse íntegro, empero, también los juzgadores, los diputados y el propio gobernante, tienen la obligación de publicar sus reales ingresos, de lo contrario, todo seguirá siendo el juego perverso de los espejos ocultos…
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