- Reestructura Congreso a la Fiscalía General
- Se da autonomía técnica a las fiscalías especiales de delitos electorales y combate a la corrupción
Este es un tema en el cual, la realidad se empeña en reñir con la vigencia de las normas que regulan la existencia y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado; la impronta que instauró el Nuevo sistema de Justicia Penal de corte acusatorio ha dimensionado un funcionamiento sesgado del purismo que debiera ser, conforme al texto de la Carta magna.
Hoy, los diputados que siguen recreando realidades desde la tribuna del congreso, enfocan sus baterías hacia tres dependencias internas que debieron primero auditar sobre su real desempeño; en primer lugar en la Policía de investigación criminal, que ha sido desde su creación el talón de Aquiles de todos los agentes del ministerio público que no saben, no pueden o no quieren trabajar con ellos para la integración de las carpetas de investigación, dada las dilaciones y precariedad de sus investigaciones.
Muy lejos están sus prácticas para ser consideradas como las de una «policía científica», base y puntal de la carpeta de investigación criminal, el estancamiento y las injusticias que se están cometiendo en imputaciones falsas que traen consigo el inaudito de imputar y encarcelar a personas inocentes, son producto de las disfunciones de la policía y de los agentes del MP que se niegan a evolucionar a las prácticas del NSJP.
En fin, ahora los diputados se ponen propositivos y he aquí sus resultados:
Reestructuración interna de la Fiscalía General, marco normativo para el funcionamiento de las Fiscalías Especiales y reconocimiento a la Policía de Investigación Criminal como policía científica contemplan las reformas y adiciones aprobadas por la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado.
Las reformas presentadas por los legisladores Jesús Armando Vélez Macías e Ismael Duñalds Ventura reconocen como parte de la función ministerial a las Fiscalías Especiales de Combate a la Corrupción y Delitos Electorales, además de la Dirección General de Investigación Ministerial y Procesos Judiciales, de la Policía de Investigación Criminal, de Servicios Periciales y el titular del Órgano Interno de Control.
La Fiscalía Especial en materia de Delitos Electorales realizará operativos para que, en el ámbito local, los agentes del ministerio público atiendan las denuncias de la ciudadanía en los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de democracia directa.
La Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción tendrá como función investigar, prevenir y perseguir los delitos de corrupción; además que la persona encargada participará como parte del Comité Coordinador del Sistema Local de Combate a la Corrupción.
Al reconocer la autonomía técnica de las fiscalías especiales permitirá gestionar sus recursos materiales y humanos para realizar su función y cada una tendrá una Secretaría Técnica; Direcciones, Unidades; Coordinaciones; Agencias del Ministerio Público Especializadas en combate a la corrupción e investigación y persecución de los hechos que las leyes consideren como delitos electorales.
Las reformas aprobadas reconocen en el marco jurídico local a las Fiscalías Especiales y a la Policía de Investigación Criminal como la policía científica encargada de las pesquisas ministeriales.
La Policía de Investigación Criminal es auxiliar al ministerio público en el ejercicio de sus funciones de investigación y persecución de los delitos; se coordinará con las demás instituciones policiales para cumplir los objetivos de la seguridad pública.
Con la aprobación de las reformas se establece viabilidad operativa y se respeta la función de la Fiscalía General, que es procurar justicia con base en una policía ministerial bajo la actuación del marco jurídico necesario para las averiguaciones pertinentes.
