El trascendente posicionamiento institucional que el día de ayer, la asociación de magistrados de circuito y jueces de distrito hicieron en toda la república, en la sede de sus concejos de la judicatura, impuso un factor novedoso en la contienda política mediática que ha llevado a cabo el gobierno federal, por inopinadas declaraciones injerencistas del presidente Andrés Manuél López Obrador y sus alfiles en el congreso federal, Ricardo Monreal y Martí Bartres.
Por vez primera -se notó la impericia- el poder judicial de la federación sale al resbaloso territorio de la contienda de un nuevo gobierno que asume para sí, la omnisciencia de remodelar las instituciones del gobierno, de los tres poderes a su particular arbitrio; sobre todo en el caso de los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son asertos del presidente de la república que no son veraces, que son auténticas falacias.
Tuvieron problemas para la convocatoria a los medios, sin embargo encontraron la comprensión y apoyo de los cofrades de los medios, y la lectura de su documento, para criterio del escriba tuvo una profusa redacción, el planteamiento inicial fue extenso, para llegar a los claros posicionamientos de un poder judicial de la federación que trataron de ser cuidadosos en la defensa de su autonomía e independencia en el manejo interno de sus salarios.
Hecho calificado como “insólito”, “inédito” “nunca antes visto”, por los líderes de la comentocracia mexicana; sin embargo existe procedencia en la defensa de la independencia y autonomía del poder judicial de la federación, frente a la intrusión de la 4T, este país se ha polarizado, por la política de confronta, de falacias argumentativas que excitan a las huestes de imbéciles opinadores en las redes sociales que a priori, creen a pie juntillas los asertos de AMLO.
En su sitio de Twitter, la SCJN ha publicado los salarios reales de sus componentes, que no llegan ni al 50% de la exagerada justificación del presidente de la república, que enarbola un proyecto omnímodo para este país, que sin duda se ve amenazada la gobernabilidad y la modernidad democrática que ha sido construída con mucho esfuerzo de la sociedad y de los últimos gobernantes desde que llegó la alternancia en el poder presidencial.
Esta fue la parte trascendente del mensaje de los miembros del poder judicial de la federación que por vía de su Asociación civil, salieron a dar la cara por la institución señera a la que sirven, en el momento más difícil que haya tenido en los últimos años de su historia; el texto se justifica por sí mismo:
“Como Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, hemos impulsado una muy amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideramos un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación, el cual ha sido dotado por la Constitución de mecanismos de autorregulación.
Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como «ejercicios modernizadores», que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho.
Quienes lo hacen, no solo desconocen el funcionamiento de la judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de Derechos Humanos del nuevo gobierno, lo que refleja el compromiso de los de juzgadores federales en la construcción de una sociedad mejor y más justa.
La impartición de justicia como servicio público es especialmente relevante en el contexto que vive nuestro país, ya que en democracia es el Poder Judicial el encargado de vigilar el respeto al Estado de Derecho. Está llamado a fungir como contrapeso frente a otras autoridades y asegurar que los derechos fundamentales de todos los mexicanos, en particular de las minorías y de las personas en condición de vulnerabilidad, no sean violentados, y más bien sean potenciados.
El riesgo de mantener campañas de desprestigio contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas que solo buscan el beneficio personal, es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
Los juzgadores federales queremos recordar también que desempeñar un cargo de este tipo implica asumir diversos riesgos, que se han hecho cada vez más evidentes por los momentos que vive el país. Además de las presiones derivadas de los vaivenes políticos, también enfrentamos situaciones que ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias.
El Generalísimo Morelos, dijo al pueblo: «Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario».
Estamos en esta conmemorable fecha, reivindicando esa justicia viva que es la justicia de todos y todas, pero en especial, de quienes tocan las puertas del poder judicial pensando que detrás de ese edificio, de esa sala y de ese escritorio, siempre habrá un juez o jueza; un secretario o secretaria; un actuario o actuaria, un operador de justicia que son un reflejo de que lo que se resuelva allí dentro, es garantía de la independencia que solo puede brindar paz social, bien común y seguridad jurídica con respeto de la institucionalidad democrática”.
Veremos como responden en el caso de que en el presupuesto de egresos los diputados de Morena, les cercenan su presupuesto de egresos..
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