A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, se hizo institucional que los gobiernos estatales, acorde con el gobierno de la república, deberían de hacer el plan de desarrollo de cada administración, siendo validado por los congresos estatales, es un imperativo de una ley orgánica, y desde entonces, es una norma ineludible de todo gobierno que recién llega en unos cuantos meses debe de implementar este requisito; es tarea para justificar la existencia de economistas, tecnócratas que deben traducir promesas y compromisos de campaña en el santo grial, sobre el cual gira todo acto y expresión de los gobernantes.
Son en lo general, líneas de acción, proyecciones de una idea para gobernar, el cómo se piensan utilizar los recursos del Estado para llevar a cabo las políticas públicas cuya práctica le dan sentido y rumbo a cada administración; de este nivel de gobierno, pasó esta conminatoria a los Ayuntamientos; y sin que fuese una obligación, ahora son las legislaturas de los congresos de las entidades que tienen en su agenda la elaboración de un plan de desarrollo institucional.
Lo que implica una visión amplia y general de la conflictiva de los Estados, dentro de la cual, los diputados organizados identifican cuál es su rol legislativo, que se imbrica en sus funciones políticas y de gestoría social.
El día de hoy, la XXXI legislatura al congreso del Estado, cuya comisión de gobierno la preside el diputado Jorge Humberto Segura, presenta en sesión ordinaria las directrices a las que se sujetará la elaboración del plan de desarrollo institucional del poder legislativo de los nayaritas, durante su periodo 2014-2017, lo que nos indica que, a la impronta de iniciar su ejercicio, la dirección política y administrativa del congreso local, ha tomado con la seriedad necesaria, las responsabilidades que le son propias.
En el contexto en que se encuentra el gobierno consolidado de Roberto Sandoval, el poder legislativo tiene varias e importantes funciones que cumplir; entre otros, es el escenario en dónde se expresan las voces políticas plurales de toda la entidad, grupos sociales, de colonos, ejidatarios, y un largo etcétera, la mayoría de ellas, como las de los cañeros y los grupos que encabezan las oposiciones Pan y Prd, son contestatarias de todo lo que huela y haga el poder ejecutivo de la entidad.
Es ahí pues, que se reclama un poco de orden en el manejo de la problemanía de la inacabada necesidad de la gente, que, como siempre demanda que el gobierno, sea la entidad supra individual que sustituya los esfuerzos individuales para generar progreso y bienestar.
La democratización mexicana ha tomado carta de radicación, estableciendo sus elecciones limpias y creíbles, para establecer formas de poder crecientemente compartido entre partidos políticos, lo que ha impulsado a legislaturas más activas e independientes respecto del Ejecutivo; y estimo que no ha quedado del todo claro en qué medida este proceso de cambio político se ha traducido en mayores capacidades de las legislaturas para ejercer su función de contrapeso de forma más efectiva sobre la rama ejecutiva.
EL CASO NAYARIT
Para Jorge Humberto Segura y cuates que le acompañan en su fracción, el papel de esta legislatura es de una relación tersa con el jefe político de la entidad en que se ha convertido Roberto Sandoval; empero, la presencia de las oposiciones, legitimada por el mensaje de los votos, implica un mucho de entendimiento y sobre todo, concertación en los intereses superiores del gobierno consolidado, con la presencia de los intereses que le son obvios a cada uno de los partidos ahí acreditados.
Tienen ya instrumentado las oficinas para atender las gestiones propias que ahí llegan de todo tipo y color partidario; sin embargo, en el inconsciente colectivo de los náyaros existe una cuestión que debiera ser de inmediata y previa resolución; no se han movido los resortes de la ley para investigar en forma, la conducta evidente y presumiblemente delictiva del sátrapa gobernante anterior, y de sus principales funcionarios.
Quienes sabemos de estas vainas, conocemos que la primera instancia para ir al fondo de las acciones de sanción y resarcitorias que decretan las auditorías y fiscalizaciones que ha hecho el órgano de fiscalización superior de la cámara de diputados, se originan en las contralorías municipales, en la secretaría de la contraloría y en el mismo OFS que es la entidad que le da vida a la acción punitiva de la fiscalía general del Estado.
El problema que se tiene percibido en las voces de nuestra sociedad, es que, pese a los enormes valladares que se han tenido que vencer en esta administración, no se concreta la voluntad política clara, expresa o tácita, más bien ésta última, para que los responsables de las entidades señaladas, actúen conforme los presupuestos legales en los múltiples expedientes que se han incoado en contra de aquellos vivales que al amparo de la impunidad que se le prodiga –hasta ahora- al rocambolesco ex gobernante siguen tan campantes burlándose de esta administración.
Ese es el pecado mayor de este gobierno que la gente ve, y aprecia de formas disímbolas, negando la obviedad que se le ha apostado a la desmemoria del pueblo; porque hasta la fecha, los pocos casos que ha consignado el fiscal de hierro, han sido meramente cosméticos, cuyo impacto en el procedimiento penal ha sido nimio, lo que ha ocasionado aún, el mayor escepticismo en la gente que observa las conductas de los hombres de la administración pública.
Este es, a juicio del escriba uno de los mayores temas que el diputado presidente en el análisis de las directrices de su plan de desarrollo tiene que considerar, el respeto absoluto por el estado de derecho; nadie tiene patente de corso para eludir el mandato de las leyes que nos rigen; tratándose de un ex gobernador y de sus principales operadores en el más grande latrocinio que se haya perpetrado en contra de las instituciones estatales.
Es tiempo de considerar la perspectiva del sexenio; ahora en breve, serán ellos, quienes estarán en su momento en el mismo sentido de la crítica ciudadana.
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