Existe un sector de justiciables, que no tienen voz, que no tienen patrimonio, que no tienen familia, que están desamparados a la buena de Dios y atendidos en loable justicialismo por las “casas hogar” que están establecidas en nuestra ciudad capital; son los niños de ambos sexos que por decenas están sujetos a una Litis que para su desgracia, son atendidos por personal del DIF y de la Procuraduría de la defensa de la mujer, el menor y la familia, que incumplen de manera irresponsable con tan delicada responsabilidad que las leyes establecen.
Impulsado por la nueva (y protectora) legislación federal, Pedro Antonio Enríquez, magistrado presidente del TSJ se decidió a que de manera coordinada se agilicen los resolutivos judiciales sobre la patria potestad de las decenas de menores sin familia que residen en estas “casas hogar”.
Con un verdadero tono de exigencia, serio, casi hierático, Pedro Antonio se reunió el día de ayer, en la casa hogar “Asunción de María” con jueces que presiden el ramo familiar, las magistradas Ana Isabel Velasco García y Zaira Rivera Véliz, quienes forman parte de la sala de jurisdicción mixta del TSJ; la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, licenciada Gonzala Rodríguez Argüelles; la directora general del Sistema DIF Nayarit, licenciada Carmen Amalia Bernal Mendoza; directoras del DIF y delegados de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de varios municipios, así como el magistrado Rafael Pérez Cárdenas.
En un inusitado tono, personificando la potestad política-judicial que implica el ser titular del máximo tribunal del Estado, les hizo el más duro reclamo que funcionario alguno de estas dependencias haya recibido, a las titulares de estos organismos que han descuidado en forma grave el cumplimiento de sus funciones protectoras y humanitarias en favor de los más pobres y desposeídos de nuestra sociedad, los niños de ambos sexos, abandonados a la buena voluntad de las religiosas que hacen su apostolado en estas “casas hogar”.
En lenguaje coloquial, se puede decir que el presidente del Poder Judicial de Nayarit ”les leyó la cartilla” a estas funcionarias del poder ejecutivo, puesto que sus representantes en los juicios en donde están implicados los niños abandonados, nunca se paran a las audiencias, y asumen las tutorías dativas solo en el papel que remiten al juez de la causa aceptando los nombramientos, pero sin hacer absolutamente nada para sus pupilos.
LA NECESARIA E IMPRESCINDIBLE COORDINACIÓN
De esta manera, el poder judicial exigió la adecuada coordinación con los sistemas DIF del estado y municipios para agilizar la solución legal de los asuntos relacionados con la patria potestad de decenas de niñas y niños sin familia que permanecen en casas-hogar administradas por distintas personas e instituciones, especialmente en Tepic.
En esta reunión celebrada en la casa-hogar “Asunción de María” Pedro Antonio Enríquez Soto, presidente del Poder Judicial de Nayarit, les recordó a las titulares del DIF y de la Procuraduría de la defensa del menor y la familia que existen expedientes iniciados para la determinación de la patria potestad de 46 niñas y niños, quienes ya no cuentan con sus padres o éstos no reúnen las condiciones necesarias para ejercer tal responsabilidad sobre los menores que se encuentran en cuatro establecimientos dedicados a su cuidado.
Y les dio precisas instrucciones a los jueces ahí presentes, que en cada audiencia a la que no asistan las agentes del MP de la Procuraduría de la defensa del menor y la familia, o la representantes del DIF, se levante en el acto una constancia y de inmediato se le de vista a la presidencia del tribunal, para fincarles la responsabilidad que amerite sus faltas y de manera directa se presente la queja a las titulares de esta dependencia, para evitar dilaciones absurdas que solo perjudican a los menores que se encuentran en estado de excepción.
Las dos magistradas, Ana Isabel Velasco García y Zaira Rivera Véliz, presiden a partir de ayer la comisión, junto al Sistema DIF Nayarit para la minuciosa revisión de los expedientes.
Enríquez Soto reiteró la disposición del poder judicial para estas acciones de enorme contenido justicialista y dijo en tono de plena exigencia a los juzgadores nayaritas, que deben tener plena conciencia de que en cada expediente, más allá del número está el caso de un menor de edad con nombre y apellidos, rostro, alma y corazón, que merece una vida nueva.
Para eso “debemos trabajar en equipo, para cambiarle la vida a esas niñas y niños”.
Y era lógico el tono de Pedro Antonio, puesto que en fecha próxima el poder judicial convocará a la ciudadanía para analizar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit, promulgada en julio pasado por el Ejecutivo estatal, a fin de establecer mecanismos que contribuyan a su plena vigencia dentro de los plazos legales previstos.
Quienes estuvieron de plácemes fueron las responsables de las casas materno-infantil o de asistencia de menores denominadas Fundavid, Frank González, Nana y Asunción de María. En buena hora que se decidió a hablar en ese tono el magistrado presidente…
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