Pese a los aires de cambio que han saneado en mucho a nuestro sistema jurídico nacional, adaptando las trascendentales reformas que a nivel continental se fraguaron en los organismos internacionales, pese a la instauración del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, a la oralidad mercantil, a la nueva justicia de adolescentes, pese a todo esto, los poderes judiciales de los Estados, siguen siendo los “patos feos” de la asignación de recursos públicos.
El asunto de los ingresos mensuales de los presidentes de los TSJ, de los magistrados, de los jueces y secretarios de acuerdos, es, un tema de secrecía, porque una cantidad aparece en las leyes de egresos de los poderes judiciales que les aprueban sus congresos locales y otra, que generalmente es discrecional, no aparece, se trata de las famosas “compensaciones”; así, existe una disparidad enorme en los sueldos de los funcionarios judiciales.
Buscamos en entidades más o menos como la nuestra, para conocer sus ingresos mensuales, en Guanajuato el presidente del TSJ gana $ 160,441.60 pesos; los magistrados $ 138,305.24 pesos; Jueces $ 71,055.55 pesos; y un secretario de juzgado $ 22,819.00 pesos.
En Durango, los ingresos del presidente del TSJ es $ 95,816. 00 pesos; un magistrado $ 79,000.00 pesos; los jueces ganan $ 43,890.00 pesos; los secretarios de acuerdos un poco más de $20 mil pesos.
En Sonora el presidente del TSJ gana $ 95,679.00 pesos; un magistrado $ 74,967.00 pesos; jueces ganan $ 41,910.00 pesos; un secretario de acuerdos $ 28,080.00 pesos.
En Yucatán el presidente del TSJ gana $ 107,960.00 pesos; magistrados ganan $ 92,402.00 pesos; un juez gana $ 62,882.00 pesos; un secretario de acuerdos gana $29,488.00 pesos.
En Nayarit, según su tabulador, (ignoramos si es la cantidad ya descontando los pagos fiscales) el magistrado presidente gana $ 120,000.00 pesos; los magistrados ganan $ 88,000.00 pesos, un juez gana $ 45,000.00 pesos y lo grave, un secretario de acuerdos gana $ 18,000.00 pesos mensuales.
El impacto de los presupuestos de egresos de los poderes judiciales, en una media nacional, sobre el presupuesto de egresos de las entidades federativas, es cercano al 5%, en Nayarit, el porcentaje, es apenas del 2%.
¿QUÉ HACER..?
Este es un problema estructural, si el legislativo federal, la SHCP, Presidencia de la república a través de la consejería jurídica, los gobernadores y los congresos estatales han omitido enfrentar este tema, si en el diseño de los recursos participables a las entidades se sigue marginando a los poderes estatales, toda reforma que el legislativo federal hace, sin adicionarle el aumento de las asignaciones presupuestales para atender debidamente las nuevas cargas de trabajo, será un problema de los poderes judiciales que se encuentran colapsados y sin posibilidades reales de crecer, para atender el incremento de la demanda de servicios judiciales.
Y en el corolario final, somos los Abogados litigantes, los justiciables, quienes sufrimos el hacinamiento y las dilaciones de la administración de justicia, por la enorme carga de trabajo que tienen, en Nayarit, el problema grave está en los juzgados familiares, en los civiles con los juicios hipotecaros, y en los juzgados penales que aún tienen miles de procesos del viejo sistema penal.
Y ahora que ya se tiene la impronta de la vigencia de la justicia familiar con el sistema de oralidad, y en ciernes la creación del Código nacional de procedimientos civiles y familiares, el tema adquiere una oceánica importancia.
Y lo grave, solo el candidato del PRI Pepe Meade, es el único que ha tratado parte del problema al promover la creación de un código penal único para todo el país; sin embargo la gravedad del problema es real, y es menester que no solo los gobernadores o los diputados de los congresos locales tomen cabal conciencia de ello, es un tema de la sociedad, que hace falta sin duda que se socialice.
Y esto último es tarea de los poderes judiciales…, so pena de seguir siendo “patos feos”…
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